Respira la clase media: se implementó la modificación al impuesto a las ganancias

La AFIP reglamentó cambios para el impuesto a las ganancias. Este tributo pasará a ser abonado por las personas que tengan un sueldo bruto a partir de los $150.000. Antes, el valor base de los sueldos de impuesto era de aproximadamente $75.000. Este cambio fue presentado por la titular de AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, quien dijo lo siguiente: «Estamos firmando la reglamentación de la modificación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría de trabajadores en relación de dependencia».

Aclarando el detalle de la medida que comenzará este mes, Del Pont señaló: «ya no habrá retención en los sueldos de junio ni en el aguinaldo». Junto a esto, se agregaron y modificaron algunas de las deducciones posibles de dicho impuesto:

  • Se eliminó el tope de edad para la deducción de hijos con discapacidad y se duplicó el tope de los gastos que se pueden deducir por hijos con discapacidad pasando de $78.833 a $157.666.
  • Los jubilados deberán pagar el impuesto únicamente si cobran más de 8 haberes mínimos.
  • El personal de salud no deberá pagar el impuesto por horas extras y guardias, aunque esto solo es hasta el mes de septiembre.
  • Se podrá deducir a la pareja conviviente. Antes la única deducción posible en relación a esta situación era la del cónyuge.
  • Se podrán deducir gastos que se realicen en cursos de capacitación.
  • Se podrán deducir también gastos que provengan de herramientas para la educación de los hijos.
  • Los gastos de guardería para niños de hasta tres años podrán ser deducidos con un tope anual de $67.000.

Según la titular de AFIP: «Los cambios en el Impuesto a las Ganancias ofrecerán un importante estímulo al mercado interno que permite recomponer ingresos y apuntalar el consumo. La medida incrementa la capacidad de consumo de la clase media». Esto es un beneficio enorme para por lo menos 1.270.000 personas, ya que será un “respiro impositivo” en un año en el cual la economía sigue empeorando. En relación a las personas alcanzadas por el tributo, Del Pont afirmó: «solo uno de cada diez trabajadores en relación de dependencia se verá alcanzado por el impuesto».

Otra buena noticias para la clase media es que el dinero retenido entre enero y mayo será reintegrado. ¿De qué manera? En 5 cuotas mensuales de igual valor que comenzarán a abonarse en el mes de julio. Así lo explicó Del Pont: «empieza la devolución en cinco cuotas. Son 50 mil millones de pesos los que volverán al bolsillo de los trabajadores y jubilados para reimpulsar el consumo».

La ley en la cual están todas estas medidas es la Nroº27.617. En esta norma también aparecen otras modificaciones importantes. Una de ellas es el cambio en el patrimonio mínimo que se debe tener para estar obligado a presentar la declaración jurada sobre de bienes personales. Este monto pasará a ser de $2.500.000 con lo cual, según AFIP: «más de 200 mil trabajadores se verán eximidos de realizar la presentación de las declaraciones juradas informativas este año»

Junto con esta ley, la 27.618 también está destinada a la clase media. Esta incluye una modificación al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que son personas físicas que realicen venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios, incluida la actividad primaria; sociedades de hecho e irregulares que tengan un máximo de 3 socios; y personas físicas integrantes de cooperativas de trabajo. Del Pont resumió la medida de la siguiente manera: «El proyecto incorpora un beneficio, que es la suba de las categorías para dar mayor espacio para facturar con un alivio mayor para las categorías más bajas, como la A y B y añade otra arista, que es el programa de regularización que es casi como una moratoria con 60 cuotas y una tasa del 1,5 por ciento para los que se hayan pasado pueden volver».

La funcionaria también hizo referencia al dinero que se pondrá en juego con esta medida: «los monotributistas que hayan pagado van a tener una reimputación de las diferencias que afrontaron, que implica que se van a liberar unos 20 mil millones de pesos adicionales para llevar alivio a otro sector de la clase media».

La intención de las medidas es ayudar a un sector golpeado con la suba de impuestos. El escenario de pandemia es muy duro para las PYME. Estas medidas intentaran aliviar la presión y salir a flote.

 

Maximiliano Bayonne

El aporte solidario y extraordinario recaudó una gran cifra de dinero

El controversial aporte solidario y extraordinario logró recaudar un aproximado de 2.400 millones de dólares. El 74% de los ricos que debían pagar este impuesto fueron los que hicieron efectivo ese pago para que esta cifra pueda ser alcanzada. Se estima que alrededor de 10.000 personas pagaron el aporte. Este impuesto fue formado como idea en abril del 2020 y se aprobó en diciembre del mismo año. La intención del impuesto es reducir los daños económicos causados por la pandemia; así lo aclaró para Infobae Mercedes Marcó Del Pont: “La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”.

A continuación, lo más importante y lo que hay tener en cuenta de este aporte, más conocido como impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas.

Quienes debieron pagarlo: Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior; y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país. En ambos casos, la totalidad de los bienes debe superar los $200 millones.

Cuanto debieron pagar: El porcentaje que abonó cada uno de los alcanzados por el impuesto fue directamente proporcional a la cantidad de dinero que posee:

  • Quienes tienen entre $200 millones (M) y $300 M pagaron un 2%
  • Quienes poseen en su fortuna entre $300 M y $400 M abonaron 2,25%
  • Aquellos que tienen entre $400 M y $600 M pagaron 2,5%
  • Los tienen una fortuna valuada entre los $600 M y los $800 M abonaron 2,75%
  • Quienes poseen entre $800 M y $1500 M en su fortuna pagaron 3%
  • Los que tienen una fortuna entre los $1500 M y los $3000 M abonaron 3,25%
  • Aquellos que poseen más de $3000 M pagaron 3,5%

A que se destinará el dinero recaudado. Los millones conseguidos gracias al aporte deben ser repartidos, según la ley, de la siguiente manera:

  • 15% será destinado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Fondo que se enfoca en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares.
  • 20% se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
  • Otro 20% será para subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
  • Un 20% más va a ser destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación.
  • El 25% restante será para programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, a través de Integración Energética Argentina S.A.; Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo de no menos de diez años desde el inicio de vigencia del presente régimen.                             Gráfico que muestra el porcentaje que deben pagar los ricos según su fortuna en pesos.

Este aporte, más conocido como impuesto a la riqueza, fue una de las grandes polémicas que surgieron en el país en los últimos meses. Tal fue la polémica, que debido a la gran negativa que se había generado frente a los pagos la AFIP tuvo que extender al 16 de abril la fecha límite para la presentación de la declaración jurada y el pago del aporte. Este límite había sido establecido en un principio para el 30 de marzo. Además la AFIP confirmó que se podrá pagar un 20% del total antes del 28 de abril, y de ahí en adelante dividir lo restante en 5 pagos que se harían de forma mensual y consecutiva.

Entre los involucrados en la problemática de no querer pagar este impuesto se vio al jugador del Club Atlético Boca Juniors, Carlos Tévez, y a la familia del fallecido ídolo nacional Diego Armando Maradona. Estos, junto con más de 200 empresarios, presentaron un amparo en la justicia con el fin de no abonar el porcentaje que debían según el impuesto. La premisa con la cual estos amparos fueron promovidos fue la de que este aporte es “confiscatorio”. Mercedes Marcó Del Pont también habló sobre aquellos que no pagaron y que fueron a la justicia para no afrontar el impuesto: “sabíamos que muchos iban a litigar y otros que, directamente, no pagarían. A esos últimos ya los estamos fiscalizando para garantizar el cobro del aporte, que es lo que tenemos que hacer”.

                                                               El capitán de boca, uno de los que se niega a pagar.

Este tributo no es la solución de ninguno de los problemas del país. Argentina sigue con un índice de pobreza mayor al 42% y eso no va a cambiar. De todas formas, este aporte será de gran importancia. Los diferentes ámbitos a los que a estimula están pensados para poder darle una mejoría a la calidad de vida a la gente con menos recursos. También pretende dar una oportunidad a pequeños emprendedores que necesitan un empujón para seguir adelante y no caer ante una pandemia que azota tanto la salud como la economía.

Ley de Alquileres: ¿solución o problema?

En julio de este año pareció que había nuevas -y buenas- noticias para aquellas personas que alquilan en Argentina. Es que, ni más ni menos, desde el Gobierno Nacional se había aprobado la Ley de Alquileres con el objetivo de regular los elevados costos que manejaban las inmobiliarias a la hora de definir un contrato, extender a tres años la vigencia del alquiler, y delimitar qué impuestos pagaría el inquilino y cuáles el propietario.

La ley fue festejada por miles de ciudadanos que lucharon -y luchan- con las adversidades a la hora de abonar su cuota mensual, comisiones, expensas e impuestos municipales. Pero, no todo salió según lo que se esperaba. Desde el Senado de la Nación se prometió regular los montos y aumentos en los contratos según un índice que el Banco Central proporcionaría anualmente acorde al reporte de precios al consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables; y desde la  Administración Federal de Ingresos Públicos, registrarían todos los contratos para que no se produzcan desvíos. Si bien el indice de la entidad bancaria se dará en julio del año próximo, el control por parte de la AFIP en el alta de convenios no se estuvo cumpliendo ya que los inquilinos han denunciado maniobras que los obligan a firmar acuerdos irregulares que se rigen bajo la ley anterior. Además, se reportaron casos en que las inmobiliarias pretenden simular el contrato de una vivienda por el de un local comercial para que no sea abarcado por la misma.

Por su parte, el mercado inmobiliario informó que a partir de este decreto aumentaron los valores en los contratos y que disminuyó mucho la oferta ya que hay condiciones que los propietarios no están dispuestos a aceptar como, por ejemplo, el hecho de abonar las expensas extraordinarias y el impuesto municipal. También, comentaron que los dueños de los inmuebles están especulando con la situación actual del país, para saber si les conviene seguir alquilando la propiedad o no. Sostienen que esta nueva norma no detiene las irregularidades, sino que solo los saca del “juego comercial”.

Fernando Muñoz, representante de la comisión de inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, habló con el medio digital “Infobae” con respecto a estos inconvenientes y dijo: “Estamos recibiendo bastantes denuncias por incumplimientos. Las causas que más aparecen son contratos con fechas anteriores a la ley o contratos con plazos inferiores a tres años, que son ilegales. También por cobro de comisiones a los inquilinos por parte de las inmobiliarias y el tema de la imposición de garantías. La nueva ley de alquileres dice que el inquilino puede ofrecer dos tipos de garantías y que el propietario tiene que aceptar alguna de las dos. Hay inmobiliarias que imponen un tipo de garantía, sobre todo las que tienen acuerdos con empresas de seguros de caución”.

Debido a estas incongruencias también se expresó Gervasio Muñoz, militante de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, para el diario “Perfil” y comentó que esta ley es un avance enorme para los nueve millones de ciudadanos que alquilan pero que esto también significa que se enfrentarán a un desafío muy importante el cual es hacerla cumplir, ya que de parte de las inmobiliarias no tienen previsto respetarla y buscarán la manera de sacar ventaja ilegalmente.

Es necesario que para el próspero uso de esta Ley se hagan más efectivos los organismos de control, tales como la AFIP, ya que por lo que se puede observar no se “hiló fino” en ciertos detalles por lo que las anomalías siguen estando y perjudicando a las personas que no tienen un hogar propio.

Agostina Pozzi.