Por cuarta vez durante el mandato de Javier Milei se convocó una marcha universitaria, en la que decenas de miles de docentes y estudiantes se movilizaron hacia Plaza de Mayo por el incumplimiento por parte del Gobierno sobre la Ley de Financiamiento Universitario, agravando la crisis presupuestaria en las universidades públicas.
Bajo el lema “Milei, cumplí la ley”, grabado en múltiples carteles, pancartas y banderas, la multitud compuesta por estudiantes, docentes, y diferentes gremios, como la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, coparon la Avenida de Mayo para un nuevo reclamo que persiste desde hace más de dos años.
La Ley de Financiamiento Universitario se sancionó el 13 de septiembre de 2024 en el Senado y tiene como objetivo establecer criterios para el financiamiento de las universidades nacionales. La norma establece una actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del 2023, por lo que el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casa de estudios en todo el país.
Además, según lo establecido en esta ley, la inyección de fondos se deberá distribuir de acuerdo a la cantidad de estudiantes que ingresan cada año, cada alumno de cada universidad, la carreras que estas ofrezcan, su cantidad de egresados, así como también los hospitales y escuelas secundarias que tengan a cargo y las diferentes actividades de extensión que lleven a cabo.
Sin embargo, el 10 de septiembre de 2025 la ley fue vetada por el presidente de la Nacion, Javier Milei, quien alegó que esto generaría un desequilibrio en las cuentas públicas. Además, aseguró que “el proyecto de ley no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que busca dañar al gobierno políticamente”. Para octubre de 2025, tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron el veto presidencial, ratificando así la vigencia de la norma.
Finalmente, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de ley que busca modificar, más no derogar la ley votada por los legisladores que nunca fue promulgada ni puesta en ejecución por parte del Poder Ejecutivo. Este proyecto propone atar la actualización de los gastos a la inflación observada por el Indec por encima del 14,3%, siendo este el valor estimado por el Presupuesto para este año. Esto significa que se garantiza que las universidades reciban una actualización real para sus gastos de funcionamiento en caso de una inflación mayor.
Este conflicto escaló notablemente entre el 2024 y el 2025, cuando múltiples movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron diferentes ciudades, con su epicentro en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar el cumplimiento de esta ley.
La falta de accionar por parte del Estado ha agravado la crisis económica en las universidades públicas, con suspensiones de clases y docentes movilizados por sus sueldos insuficientes. Todo esto termina afectando a los jóvenes que intentan ejercer su derecho de estudiar.
Los grupos afectados seguirán luchando por sus derechos y anunciaron que convocarán a más marchas y movilizaciones con el fin de lograr que el Gobierno ponga en marcha la ley, que fue aprobada por mayoría de votos en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y busca mantener a flote a las universidades públicas que cada año forman a miles de personas.
Mailén Maciel – 2°B Turno Mañana