La llegada al país de Tony Janzen Valverde Victorino, conocido como «Pequeño J», volvió a colocar el triple crimen de Florencio Varela en el centro de la agenda de Argentina. El ciudadano peruano de 20 años aterrizó el lunes 4 de mayo en la Base Aérea de El Palomar luego de haber sido trasladado desde Lima, Perú, donde permanecía detenido desde septiembre de 2025. La Justicia lo señala como el presunto autor del asesinato de Brenda del Castillo , Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes encontradas enterradas y mutiladas en una vivienda de Villa Vatteone.
El traslado de «Pequeño J» se realizó bajo un estricto operativo coordinado por la Policía Federal Argentina, Interpol y las autoridades peruanas. El acusado viajó en un avión de la Fuerza Aérea Argentina con escalas previas en Paraguay y Salta antes de arribar a Buenos Aires. Una vez en el país, el Servicio Penitenciario Federal lo alojó en el área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz, donde permanecerá mientras avanza la investigación judicial.
La causa es considerada una de las mas brutales y escalofriantes de los últimos años en Argentina. Las victimas, Lara Gutiérrez, de 15 años, y Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20, desaparecieron el 19 de septiembre de 2025 luego de salir de La Matanza rumbo a una supuesta fiesta. Días después, tras una gran búsqueda policial, sus cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela. La escena reveló signos de extrema violencia, torturas y mutilaciones.
Según la reconstrucción de la fiscalía, las jóvenes habrían sido engañadas y trasladadas hasta una vivienda utilizada por una organización narcocriminal vinculada a ciudadanos peruanos que operaban entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense. Allí fueron retenidas contra su voluntad, torturadas y asesinadas como parte de una presunta venganza narco relacionada con el robo de drogas y de dinero físico.
La investigación sostiene que «Pequeño J» era uno de los lideres de esa estructura criminal. Los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli lo acusan de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, premeditación y violencia de genero, delitos que prevén prisión perpetua. Además, se lo investiga por privación ilegítima de la libertad y participación en actividades vinculadas al narcotráfico y el sicariato.
El caso generó mucho ruido en el país no solo por la violencia del crimen, sino también por la difusión de imágenes y trasmisiones que, según la Justicia, habían sido compartidas en grupos cerrados de redes sociales para sembrar terror y demostrar poder dentro del ámbito narco.
La captura de «Pequeño J» se produjo el 30 de septiembre de 2025 en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima. Había escapado de Argentina junto a Matías Agustín Ozorio, señalado como su mano derecha dentro de la organización. Mientras Ozorio fue expulsado rápidamente hacia territorio argentino por ingresar de manera ilegal a Perú, Valverde Victoriano debió atravesar un proceso formal de extradición debido a su nacionalidad peruana y a que rechazó inicialmente ser entregado a las autoridades argentinas.
Los investigadores creen que la banda tenía conexiones con redes de narcotráfico, lavado de dinero y control territorial en barrios vulnerables tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad de Buenos Aires. La organización operaría desde las villas porteñas Zavaleta y 1-11-14, desde donde coordinaban puntos de venta de droga y distintas actividades criminales.
La figura de «Pequeño J» también despertó atención en Perú debido a su historia familiar. Su padre, Janzen Valverde Rodríguez, fue un conocido narcotraficante y líder criminal de la ciudad de Trujillo, asesinado en 2018 por una banda rival. Tras esa muerte, Tony Janzen habría prometido continuar con su legado criminal de su padre, adoptando el alias «Pequeño J» en referencia a él.
Hasta el momento, hay más de diez imputados entre ciudadanos argentinos y peruanos. Algunos están acusados de haber participado directamente en el secuestro y asesinato de las jóvenes, mientras otros habrían colaborado en el encubrimiento, la limpieza de la escena o el traslado de las víctimas. Incluso permanecen prófugos varios integrantes de la organización, entre ellos, familiares del propio «Pequeño J».
El caso también abrió un gran debate político sobre el avance del narcotráfico en Argentina y la falta de coordinación entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Funcionarios nacionales y provinciales intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad en el control territorial y la seguridad, mientras organismos sociales reclaman políticas integrales contra el crimen organizado y la violencia de género.
Familiares de las víctimas continúan reclamando a la justicia y sostienen que el juicio de «Pequeño J» representa apenas el comienzo de un proceso mucho más amplio para desmantelar la estructura criminal detrás de un triple femicidio. En los próximos días se espera que el acusado amplíe sus declaraciones ante el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, mientras la fiscalía continua reuniendo pruebas y testimonios para avanzar hacia el juicio oral.
Pablo Sobrero – 2°B Turno Mañana