Las mentiras de Ignacio Nicolás Martín parecen haber llegado a su fin. Es que el pasado miércoles 20 de septiembre, la Justicia de Córdoba condenó al «falso médico» a siete años de prisión luego de haber sido hallado como culpable de los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título, falsedad ideológica, lesiones leves y defraudación calificada. Mediante dichos quebrantamientos de la ley, el joven de 22 años trabajó como Jefe del Centro de Operaciones Tácticas (COE) de Río Cuarto durante la pandemia.
La historia de Ignacio Martín, oriundo de Córdoba capital, se remonta al mes de agosto de 2020, cuando el chico que recién abandonaba su etapa como adolescente (tenía 19 años) se postuló para servir como paramédico voluntario en el COE, con el pequeño detalle de hacerlo presentando un número de DNI y matrícula falsos, los cuales lo hacían pasar por una persona de 22 años. Sin embargo, hasta aquel momento, ninguna sospecha merodeaba alrededor del joven. Incluso, la Subsecretaría General de Compras (sede a la que Martín presentó sus datos) nunca notó que el documento entregado no coincidía con su verdadero número de CUIT.
Alyssa Goncalvez era la joven médica, trabajadora en una clínica del barrio General Paz, a quien Ignacio comenzó a hacerle uso de su matrícula para facturar las respectivas guardias que le pagaba la Municipalidad de Río Cuarto bajo una entidad llamada «AtencionmedicaSRL.com.ar», el cual había sido registrada en la AFIP desde mayo de 2020. Allí, figuraba que Martín era un monotributista habilitado desde diciembre de 2014, cuando solamente tenía 13 años, bajo la actividad de «Servicio Médico».
Además, el título habilitante jamás fue entregado físicamente en el COE. Ignacio justificaba que se encontraba en la capital y que a raíz de la pandemia no tenía la posibilidad de trasladarlo hacia Río Cuarto, hecho que supuestamente realizaría cuando tenga la chance.
Así es como Martín comenzó a ejercer una profesión de la cual no tenía los conocimientos necesarios: atendió a un centenar de pacientes, realizó sus primeros hisopados, recetó medicamentos y manejó ambulancias, hasta el punto de ser ascendido como jefe del Centro de Operaciones Tácticas.
En diciembre de 2020 sería cuando se realizara la primera denuncia en contra de Martín. La misma fue generada por el Ministerio de Salud cordobés al enterarse de que su carnet médico era falso. Pero en febrero de 2021 se produjo el cimbronazo que sacó todo a la luz: llegó una acusación por mala praxis hacia Nicolás Bertol, un paciente de 29 años que había fallecido.
Martín había sido encomendado a dirigirse al domicilio del paciente, que no podía trasladarse hacia ningún centro médico debido que había sido contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y además poseía una cardiopatía congénita. Tras el arribo del «médico», la familia de Bertol comenzó a percibir actitudes sospechosas en él.
«Notaron nervioso a Martín, quien le preguntó a la madre y al hermano de la víctima si sabían hacer RCP. El hermano, en pleno nerviosismo dice ‘yo’ y entonces Martín dice ‘bueno, arrancá’. La madre se retira de la habitación, y al rato sale el hermano, que le refiere que llame al 107, porque el médico lo pedía. Llaman al servicio de emergencia y allí llegan un médico, con enfermera y equipamiento acorde, ingresan a la habitación y luego de unos 20 minutos sale el médico con Ignacio Martín y el médico de emergencia le reafirma que no había más nada por hacer», relató Mateo Abrile, el abogado de la familia denunciante.
Finalmente, el 4 de febrero de 2021, el joven fue detenido en su casa ubicada en el barrio de Zumarán y trasladado a la cárcel de Río Cuarto, sitio en el que se encontraba hasta el momento del juicio.
A lo largo de las diferentes audiencias previas realizadas, el chico de actualmente 22 años, era acusado por usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica, tentativa de defraudación, homicidio por dolo eventual y lesiones graves.
Durante el desarrollo del juicio, Martín se declaró inocente, le pidió disculpas a la sociedad y aseguró que varios funcionarios municipales sabían que no era médico. Incluso, confesó que ante el Secretario de Salud Municipal, Marcelo Ferrario, fue presentado como «un voluntario que había venido de Córdoba y que estaba flojo de papeles, que no era médico pero trabajaba muy bien».
Sin embargo, la fiscal a cargo del juicio, María del Rosario Fernández, solicitó nueve años de prisión hacia el acusado. «Los elementos de prueba tienen la suficiente capacidad para denotar que Martín conocía el grave peligro de su accionar y que accedió a un conjunto de datos que le permitían percatarse del cuadro de salud que presentaba Nicolás Bertol cuya atención le había sido asignada en su carácter de jefe de médico del COT en la errónea creencia que había logrado instalar», sentenció.
No obstante, el tribunal determinó condenar a Martín a siete años de prisión efectiva, absolviéndolo de los cargos por homicidio simple, uso de documento privado falso y de tentativa de defraudación calificada.
Bruno Carbajo – 2°A TT