Próximos al Día Mundial del Medio Ambiente, se dio la gran noticia: se aprobó la Ley de Educación Ambiental, votada por los 58 senadores de la Nación. Su objetivo es el establecimiento de presupuestos mínimos para la implementación de una política pública, basada en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA), y su propósito general es la promoción de la concientización y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el país.
El camino para la obtención de la reforma fue una larga lucha de debates. El primer proyecto presentado en el Congreso cuyo objeto era la Educación Ambiental data de 1994. Ese fue el punto de partida para otras iniciativas, pero ninguna llegó a destino, dado que prescribieron. Tras extensas deliberaciones, la propuesta -que algunos quieren llamar Ley Pino Solanas, por su reconocida lucha a favor del ambiente- fue presentada por el Poder Ejecutivo y se gestó como iniciativa del Consejo Federal de Medio Ambiente. De esta manera, gracias a la reconstrucción de otras iniciativas que no superaron el debate, se creó la Ley, con los consensos necesarios para llegar a un final exitoso.
El organismo Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (CENEA), constituido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles, será el encargado de desarrollar las estrategias del diseño educativo para implementarla en todo el país. Será asistido por un Consejo Consultivo integrado por organizaciones de la sociedad civil y activistas de medio ambiente.
Una vez que la Ley sea implementada, se realizarán las adecuaciones para crear un plan de estudio que impulse la regeneración y concientización en materia ambiental. En primera instancia, las instituciones tendrán la posibilidad de organizar jornadas, y adecuar los planes de enseñanza a los alumnos. La intención es diseñar un modelo estructurado que sea implementado en todos los niveles educativos del territorio nacional.