El Gobierno porteño aprobó a fines de septiembre un procedimiento que estableció cómo debían actuar las escuelas ante hechos que pudieran constituir delitos e involucraran a sus alumnos. La medida se vinculó con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que fijó en 14 años la edad de responsabilidad penal.
La resolución dispuso que los directivos debían denunciar cuando tomaran conocimiento, durante sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública. El alcance no quedó limitado a episodios dentro de las aulas: también contempló situaciones ocurridas durante actividades educativas o fuera del establecimiento, si estaban relacionadas con estudiantes o con la actividad escolar.
El protocolo diferenció los casos urgentes de los que no requerían intervención inmediata. Ante riesgos para la vida o la integridad, hechos de violencia en curso o sospechas fundadas sobre armas, las autoridades debían contactar a los servicios de emergencia. En los demás episodios, correspondía realizar la presentación ante el Ministerio Público Fiscal.
La normativa aclaró que las escuelas no debían investigar ni determinar responsabilidades, tareas reservadas a la Justicia. También debían resguardar a las personas involucradas, informar a las familias y garantizar la continuidad educativa.
La implementación generó preocupación entre estudiantes y docentes por sus posibles efectos en los vínculos escolares. Entre los cuestionamientos apareció el temor a que conflictos antes abordados mediante herramientas de convivencia pasaran directamente al ámbito penal.
El debate se centró en cómo compatibilizar la obligación de denunciar hechos posiblemente delictivos con el papel de la escuela como espacio de formación y acompañamiento.
Facundo Vaccaro 2° A TT