El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas regresó a ser el centro de la agenda política. El jueves 15 de octubre, miles de estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades académicas fueron partícipes de la quinta Marcha Federal Universitaria para reclamar al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización tuvo como principal escenario la zona del Congreso Nacional y contó con el respaldo de distintos sectores de la oposición. El reclamo tuvo foco en la actualización del presupuesto universitario, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la mejora de las becas estudiantiles, en medio de las diferencias entre el Ejecutivo y la comunidad educativa.
Según comunicó Infobae, el Gobierno apeló una resolución judicial que ordenaba aplicar la normativa, una decisión que profundizó las diferencias con las autoridades universitarias y los gremios. Desde estos sectores cuestionan la demora en la implementación de la ley y sostienen que la falta de recursos influye en el funcionamiento de las instituciones.
Asimismo, El País señaló que la norma fue aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente por los legisladores, pese al rechazo presidencial. El Ejecutivo sostiene que su aplicación implica gastos que deben contar con el respaldo presupuestario correspondiente y defiende el equilibrio fiscal como uno de los principales objetivos de su política económica. En este escenario, la oposición busca mantener el tema en discusión y ejercer presion al Gobierno para que garantice los fondos destinados a la educación superior. El reclamo también incluye la necesidad de actualizar las partidas presupuestarias frente al aumento de los costos de funcionamiento y la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.
El documento presentado durante la movilización, según dio a conocer El Territorio, generó un conjunto de las demandas de universidades, federaciones estudiantiles y organizaciones gremiales. Entre los principales ítems aparecen el cumplimiento de la ley, la recuperación salarial y el fortalecimiento de las becas para los estudiantes.
La disputa continúa abierta y plantea un nuevo desafío para el vínculo entre el oficialismo y la oposición. Mientras los sectores opositores insisten en la aplicación de la ley, el Gobierno mantiene sus objeciones presupuestarias. El desarrollo del conflicto dependerá de las próximas decisiones judiciales, las negociaciones políticas y las medidas que adopte el Ejecutivo.
Joaquín Molteni, 2° A TN