El caso de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se profundiza día a día. A las citaciones judiciales, allanamientos y declaraciones indagatorias se sumaron nuevas piezas que completan un rompecabezas cada vez más comprometedor. Entre ellas, la filtración de chats entre el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo y el operador Miguel Ángel Calvete, la difusión de detalles de la indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y una ola de despidos que alcanzó a funcionarios clave de la estructura interna.
En las últimas horas, el Gobierno dispuso la desvinculación de varios empleados y directivos de la agencia, algunos mencionados directamente en la causa y otros apartados en medio de la reorganización interna. Entre los nombres figuran Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias, y Diego D’Giano, director de Prestaciones Médicas, ambos señalados por el fiscal Franco Picardi por su rol en adjudicaciones irregulares y presuntos sobreprecios. También fueron desplazados el director de Administración, Técnica y Legal, Nahuel Andrés Tavernelli, y Edmundo Gaspar Sentis, aunque estos últimos no están imputados. Las desvinculaciones, según fuentes del organismo, responden tanto a la investigación judicial como a la necesidad de reordenar la gestión.
El expediente avanzó además con la indagatoria de Spagnuolo, quien se presentó ante la Justicia para dar explicaciones por las contrataciones durante su gestión, por su vínculo con Calvete y por su presunta participación en una estructura destinada a direccionar compras públicas. Según lo que se pudo conocer, el exfuncionario negó haber recibido coimas y buscó despegarse de las maniobras atribuidas a su entorno directo. Entre los elementos evaluados por el fiscal Picardi figuran audios, cuadernos con anotaciones de pagos y mensajes que refuerzan la hipótesis de una red organizada.
Uno de los capítulos más llamativos surgió de los chats entre Spagnuolo y Calvete, recuperados del allanamiento al domicilio de este último. En ellos, el exdirector le comunica a su interlocutor que no viajará a Israel —su tercer viaje previsto al país en pocos meses— porque “Karina le dijo al embajador que no quiere que vaya”, en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El mensaje sugiere una intervención directa desde el círculo íntimo del poder para frenar un desplazamiento oficial en medio de la tormenta política y mediática.
Calvete, identificado en el teléfono como “Carmen Vivaldi”, presiona entonces a Spagnuolo para sostener su autoridad y “no mostrar debilidad”, e incluso le sugiere mensajes para transmitirle al presidente Javier Milei. La comitiva alternativa, encabezada por Daniel Garbellini, otro de los señalados por la fiscalía, finalmente no viajó a Israel sino a Dubái, luego de que el conflicto escalara internamente.
Mientras tanto, el expediente avanza con nuevas medidas de prueba y un mapa cada vez más claro sobre cómo operaba la estructura que hoy investiga la Justicia. El fiscal Picardi sostiene que varios de los funcionarios implicados “resultaron beneficiados por sumas dinerarias como contraprestación a acciones ilícitas”, al utilizar sus cargos para direccionar contrataciones y habilitar sobreprecios en perjuicio del Estado.
En este escenario, los despidos recientes parecen ser apenas la primera etapa de una depuración más amplia. Con la presión pública en aumento y con la causa aún en pleno desarrollo, las autoridades buscan contener el impacto político de un escándalo que no solo expone irregularidades administrativas, sino también tensiones internas en el corazón del poder.
Rodrigo Valdez – 2°A Turno noche