La tensión política en Argentina alcanza un punto crítico esta semana con la inminente decisión sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026, que se debatirá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Desde la perspectiva de la oposición, integrada principalmente por Unión por la Patria (UP), la Unión Cívica Radical (UCR) y otros bloques dialoguistas, este proyecto no es más que una continuación del modelo impulsado por el presidente Javier Milei, que prioriza el superávit fiscal.
El proyecto de ley, presentado el 15 de septiembre por el Ministerio de Economía, estima un resultado financiero superavitario de dos billones de pesos para el Sector Público Nacional. Según el Gobierno, esto refuerza el compromiso con el equilibrio fiscal, una «condición necesaria» para la estabilidad económica. Sin embargo, para la oposición, estas cifras ocultan una realidad alarmante: recortes significativos en áreas clave como la educación, la ciencia y la tecnología, las cuales verían reducida su participación en el PIB. Organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro han rechazado públicamente el presupuesto, argumentando que «profundiza el ajuste» y reduce el financiamiento educativo en relación al PIB, perpetuando una caída del 49,1% en los recursos desde 2023. Diputados opositores como Germán Martínez, de UP, han sido vocales en sus críticas durante las audiencias informativas. En una reciente sesión el 29 de octubre, Martínez cuestionó duramente a funcionarios de Economía por rechazar reclamos de la oposición y ratificar el ajuste. «Este presupuesto no contempla la inflación real ni el impacto en los salarios. Es un plan diseñado para complacer al FMI, no para el pueblo argentino», declaró Martínez, enfatizando que las proyecciones macroeconómicas del Gobierno, con una inflación anual del 18% y un crecimiento del 5%, son «irreales». Similarmente, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning ha advertido que el recorte en inversión educativa, que apenas alcanza el 0,75% del PIB, es la mitad de lo destinado hace una década, lo que compromete el futuro de generaciones enteras.
El cronograma acelerado para tratar el presupuesto fue impulsado precisamente por la oposición, que aprobó un plan de sesiones con el objetivo de sancionarlo antes del recambio legislativo en diciembre. De acuerdo con el mandato del recinto, el dictamen debe firmarse este martes, pero el oficialismo busca postergarlo, posiblemente convocando sesiones extraordinarias. Esta maniobra, según fuentes opositoras, responde al temor de La Libertad Avanza (LLA) de perder control en un debate donde los bloques dialoguistas podrían unirse para introducir modificaciones. «El Gobierno quiere dilatar porque sabe que su presupuesto no resiste el escrutinio. Estamos listos para negociar, pero no a cualquier precio», afirmó un vocero de la UCR, aludiendo a la necesidad de incluir fondos adicionales para provincias y programas sociales. En paralelo, el panorama provincial añade complejidad al debate nacional.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó hoy lunes su propio presupuesto 2026 en medio de tensiones internas en el peronismo. El proyecto incluye autorización para tomar deuda por hasta 1.800 millones de dólares, pero la oposición bonaerense –compuesta por bloques como el PRO y la UCR– exige a cambio cargos en organismos de control, como la Suprema Corte de Justicia y el Banco Provincia.
La oposición también apunta a las implicancias judiciales del presupuesto. Aunque no hay una decisión directa en tribunales este martes, el debate legislativo podría derivar en impugnaciones judiciales si se aprueba sin consenso. Recordemos que el Consejo de la Magistratura aprobó en agosto una partida de más de dos billones de pesos para el Poder Judicial en 2026, con 15 votos a favor y 5 abstenciones, pero la Corte Suprema ya fijó su propio presupuesto en septiembre, priorizando gastos en personal y obras de infraestructura. Para la oposición, esto evidencia una desconexión: mientras el Judicial se autoasigna recursos, el Ejecutivo recorta en áreas esenciales. «Si el presupuesto avanza tal como está, veremos demandas por inconstitucionalidad, especialmente en lo que respecta a la distribución de fondos coparticipables a provincias», advirtió el senador Oscar Parrilli de UP, evocando precedentes como las disputas por el DNU 70/2023.
En el ámbito educativo, el rechazo es unánime entre sindicatos y rectores universitarios. El Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario, prometiendo solo un aumento real del 7% en fondos para 2026. Sin embargo, opositores como la diputada Myriam Bregman del FIT señalan que esto no compensa los despidos y el subfinanciamiento crónico. «No hay ajuste sin despidos, digan lo que digan. Este presupuesto es una declaración de guerra contra la educación pública», afirmó Bregman en una rueda de prensa. Además, el Plan Nacional de Alfabetización se redirige a extender la jornada escolar, una medida que, según críticos, no aborda la raíz del problema: la falta de inversión en infraestructura y salarios docentes.
Económicamente, la oposición argumenta que el superávit proyectado se basa en supuestos optimistas que ignoran la recesión actual. Con un riesgo país elevado y bandas cambiarias en debate, el presupuesto no contempla mecanismos para mitigar la inflación o el desempleo. Funcionarios como el canciller Luis Quirno defendieron el plan en comisión, destacando el apoyo internacional, pero la oposición replicó que «el mercado tenía pavor» del regreso del kirchnerismo, un argumento que no resuelve las demandas internas.
A medida que se acerca el martes, la oposición se prepara para un debate intenso. Si el dictamen favorece al Gobierno, podría avanzar al recinto antes del 10 de diciembre, pero con riesgos de veto presidencial. Alternativamente, bloques como Hacemos Coalición Federal ya trabajan en proyectos alternativos, proponiendo reasignaciones para salud y jubilaciones. «Este no es solo un presupuesto; es el mapa de ruta para 2026. Si falla, el país pagará caro», resumió el diputado Miguel Pichetto, instando a un acuerdo bipartidista.
En síntesis, desde la oposición, el Presupuesto 2026 representa una oportunidad perdida para revertir el ajuste. Con recortes en educación del orden del 4,4% al 8% respecto a 2025, y sin compensar la inflación, el proyecto agrava desigualdades. El dictamen de este martes en la comisión será muy importante: o se impone el oficialismo, prolongando la incertidumbre, o la oposición fuerza cambios que prioricen lo social sobre lo fiscal. Mientras tanto, el peronismo y aliados recalculan estrategias, sabiendo que el recambio legislativo podría alterar el equilibrio de fuerzas.
La sociedad argentina observa atenta, esperando que el debate no se limite a números, sino a un verdadero plan para el bienestar colectivo.
Joaquín Palomares – 2do. Año