La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita considerara que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de gabinete. Sin embargo, el expediente no quedará cerrado, ya que el representante del Ministerio Público pidió que pase a la Justicia Penal Económica para analizar si hubo posibles irregularidades impositivas. El dictamen fue presentado ante el juez Ariel Lijo, quien ahora deberá resolver si acepta el pedido de cambiar el fuero en el que tramita la causa.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y buscó determinar si el crecimiento del patrimonio del exfuncionario podía justificarse con sus ingresos. Para eso, la fiscalía revisó sus movimientos económicos entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, período en el que ocupó distintos cargos dentro del Gobierno Nacional. Durante el proceso judicial se detectaron gastos por más de 402 mil dólares, de ese total, alrededor de 374 mil dólares habrían sido pagados en efectivo. Entre las operaciones observadas aparecen la compra de un terreno en el Country Indio Cuá, refacciones en una vivienda, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
Frente a esos cuestionamientos, Adorni presentó una explicación sobre el origen del dinero. Su defensa sostuvo que una parte importante de los fondos provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, varios años antes de su llegada a la función pública. Según esa versión, el exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, habrían invertido cerca de 200 mil dólares en criptomonedas y luego vendido esos activos por más de 591 mil dólares. La fiscalía analizó ocho billeteras digitales que fueron presentadas por la defensa, luego de las pericias, permitieron comprobar que las claves estaban bajo su control al momento de la revisión y que esas direcciones habían registrado movimientos entre 2014 y 2018. Sin embargo, los especialistas aclararon que la información disponible no permite identificar con certeza quién manejaba las billeteras en aquellos años ni reconstruir todos los detalles de las operaciones.
Ese punto resultó importante para el análisis de Pollicita, la figura de enriquecimiento ilícito requiere demostrar que el aumento injustificado del patrimonio se produjo durante el ejercicio de un cargo público. Como la defensa ubicó el origen de los fondos antes de diciembre de 2023 y el Ministerio Público no logró desmentir esa explicación con las pruebas reunidas, el fiscal entendió que no había elementos suficientes para mantener esa acusación. De todos modos, el dictamen no significa que la justicia haya confirmado como verdadera toda la explicación de Adorni ni que el exfuncionario haya sido sobreseído. La fiscalía consideró que todavía existen dudas sobre el tratamiento impositivo de determinados ingresos, dólares en efectivo y activos digitales. Por eso, planteó que la investigación continúe con el fuero penal económico, donde se podrá analizar si esos bienes y movimientos fueron correctamente informados ante los organismos fiscales y si se pagaron los impuestos correspondientes.
La diferencia entre ambas investigaciones es crucial, mientras el enriquecimiento ilícito busca establecer si un funcionario aumentó su patrimonio de manera injustificada mientras estaba en el Estado, una posible evasión tributaria apunta a determinar si ocultó ingresos o bienes, o si no cumplió con sus obligaciones impositivas. Es decir, el nuevo eje ya no estaría puesto solamente en cuando obtuvo el dinero, sino también en si lo declaró como correspondía.
Ahora, la decisión está en manos de Ariel Lijo. Si acepta el planteo de Pollicita, el expediente será enviado a la Justicia Penal Económica para profundizar el análisis de la situación fiscal del exjefe de gabinete. Por el momento, la acusación por enriquecimiento ilícito perdió fuerza para la fiscalía, pero el expediente sigue abierto y todavía deberá determinarse si existieron irregularidades en la forma en que fueron declarados los fondos investigados.
Lucca Secchi, 2°A TN