La investigación por el derrumbe ocurrido en Bahía Blanca durante el temporal de diciembre de 2023 continúa generando avances en los tribunales locales. En los últimos días, la fiscalía imputó a Sebastián Ginóbili, presidente del club Bahiense del Norte y hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili. La medida forma parte del proceso que busca establecer responsabilidades por la muerte de 13 personas que se refugiaron en el edificio cuando una parte del techo cedió durante la tormenta.
El expediente se concentra en determinar si existieron fallas en la habilitación del predio, en el mantenimiento de la estructura y en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la municipalidad para recibir público. Los investigadores analizan documentación interna, informes técnicos, antecedentes de inspecciones y los registros de actividades del club en los días previos al temporal. La intención es conocer si el gimnasio estaba en condiciones adecuadas para ser utilizado y si se respetaban las normas vigentes.
El derrumbe se produjo cuando una sección del techo colapsó sobre quienes se encontraban dentro del lugar. Los equipos de emergencia asistieron a los presentes, pero 13 personas fallecieron debido al impacto. Los peritajes buscan establecer si el desplome fue producto exclusivo de la fuerza del viento o si existían deterioros previos, como fijaciones debilitadas, filtraciones o falta de refuerzos estructurales, que pudieran haber agravado el resultado.
Además de Ginóbili, otras autoridades de Bahiense del Norte también están bajo investigación. La fiscalía evalúa la figura de homicidio culposo múltiple y analiza el grado de responsabilidad de cada integrante de la dirigencia. En esta etapa, se revisan obras realizadas en años anteriores, controles municipales, intervenciones de mantenimiento y cualquier tipo de advertencia que pudiera haber señalado un riesgo para la seguridad del edificio.
Ginóbili declaró como imputado y presentó documentación relacionada con el funcionamiento del club. Su defensa sostiene que las instalaciones contaban con la habilitación correspondiente y que el temporal fue un evento excepcional. Aun así, el Ministerio Público Fiscal continúa evaluando nuevas medidas y no descarta ampliar la imputación si los peritajes aportan datos concluyentes sobre el estado del techo antes del derrumbe.
Los familiares de las víctimas siguen de cerca el avance de la causa. En las últimas semanas solicitaron que se aceleren las pericias y que se precise si existieron fallas que pudieron evitarse. Para ello, el expediente incluye declaraciones de sobrevivientes, bomberos, personal sanitario y vecinos, con el objetivo de reconstruir minuto a minuto lo ocurrido durante el colapso.
De forma paralela, especialistas en ingeniería estructural analizan los restos del techo y comparan los resultados con las condiciones meteorológicas registradas ese día. También se investiga si el club contaba con un protocolo de acción frente a tormentas severas y si debía aplicarse algún tipo de restricción en caso de alerta climática.
El juez a cargo deberá resolver en las próximas semanas si la causa se eleva a juicio o si continuará la etapa de instrucción. Una de las definiciones pendientes es determinar la pena que podrían enfrentar los imputados en caso de ser considerados responsables. Las sanciones dependerán del tipo penal final y de los resultados de las pericias.
La tragedia abrió un debate en Bahía Blanca sobre los controles edilicios en instituciones deportivas y sobre el rol de los organismos encargados de fiscalizar su funcionamiento. Con los últimos avances en la causa, la investigación ingresa en una fase clave para establecer responsabilidades y aclarar si existieron incumplimientos que contribuyeron a la muerte de 13 personas durante el temporal.
Alan Martínez, 2ºA TT