En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, las defensas de Agustina Cosachov, psiquiatra acusada en el caso, y Nancy Forlini, también imputada, han presentado recursos de apelación ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Esta acción se produce tras la resolución del 5 de noviembre, que definió el alcance de una nulidad procesal y estableció que los juicios se llevarán a cabo de forma separada. Ambos planteos coinciden en que la decisión judicial atenta contra garantías constitucionales fundamentales, generando un escenario de doble persecución penal y pidiendo la suspensión de la audiencia programada para el miércoles y del debate previsto para el 17 de marzo.
El tribunal había determinado que el nuevo juicio comenzaría el 17 de marzo a las 10:00, luego de que el primer debate fuera declarado nulo debido a un escándalo relacionado con un documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien actualmente enfrenta un jury. En su resolución, los jueces abordaron los efectos de la nulidad decretada en el juicio suspendido, afirmando que esta regiría a partir de la audiencia preliminar del debate oral que había comenzado en marzo. Sin embargo, los abogados de Cosachov, Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán, sostienen que esta decisión provoca un “gravamen irreparable”, afectando el derecho de defensa y la igualdad ante la ley.
En su escrito, la defensa argumenta que la delimitación de la nulidad dispuesta por el tribunal deja sin efecto la anulación de la decisión posterior de separar los juicios, lo que consideran una “incongruencia” y una “arbitrariedad”. Afirman que la resolución judicial transforma la decisión atacada en una medida viciada por incongruencia, lo que podría tener graves consecuencias para el proceso. De manera similar, los abogados de Forlini, Nicolás D’Albora y Agustín Varela, también impugnaron la decisión, argumentando que la nulidad parcial vulnera derechos constitucionales esenciales, incluido el de ser juzgada por un jurado popular.
Ambas defensas coinciden en que la interpretación judicial de los efectos de la nulidad y la fragmentación del proceso penal son problemáticas. En el caso de Cosachov, sus abogados advierten que la multiplicidad de audiencias y el desdoblamiento del juicio “atentan contra la celeridad procesal” y el derecho de defensa, ya que dificultan la concentración de todos los planteos en una única audiencia. En este sentido, el escrito destaca que la multiplicidad de audiencias de un mismo tenor genera dilaciones indebidas y angustia a las partes involucradas.
Por su parte, la defensa de Forlini sostiene que mantener la validez del juicio por jurados exclusivo para una de las imputadas desconoce que esa opción fue ejercida en una audiencia que luego fue declarada nula, lo que debería invalidar dicha opción. Otro punto de coincidencia entre ambos recursos es la invocación del ne bis in ídem, que prohíbe ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Tanto las defensas de Cosachov como de Forlini argumentan que la nulidad del juicio anterior, provocada por acciones ajenas a los imputados, no puede justificar una nueva persecución penal.
En el escrito de Cosachov se sostiene que “la ley no avala la ‘múltiple persecución penal’ por un mismo hecho”. Los abogados enfatizan que no se puede permitir que, debido a “las vanidades de una jueza”, el Estado reinicie un debate en contra de los implicados en un hecho punible, independientemente de si hubo veredicto o sentencia. De manera similar, la defensa de Forlini cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando que la garantía protege no solo contra la condena repetida, sino también contra la exposición a un nuevo juicio.
Las presentaciones también cuestionan la negativa del tribunal a realizar una audiencia oral para discutir el alcance de la nulidad, el ne bis in ídem y la opción de juicio por jurados. Según los defensores, restringir la audiencia a un control de prueba limita el ejercicio del derecho de defensa. El escrito de Forlini subraya que parece que el tribunal intenta evitar el debate sobre el alcance de la nulidad y otras cuestiones relevantes en un contexto de audiencia oral con las garantías procesales adecuadas.
Finalmente, tanto la defensa de Cosachov como la de Forlini solicitan que se revoque la decisión del 5 de noviembre, que se declare la nulidad total de los actos procesales posteriores a la audiencia anulada y que se ordene la unificación del juicio en una única sede judicial. En subsidio, ambas partes piden la suspensión de la audiencia preliminar fijada para el 12 de noviembre de 2025 y del debate oral programado para el 17 de marzo de 2026, hasta que la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro resuelva de manera definitiva los recursos interpuestos. Además, han formulado reserva del caso federal, anticipando que, de ser necesario, recurrirán a instancias superiores.
Thomas Rivera Bradford, 2° A T.T