En el sur de la provincia de Córdoba, una serie de allanamientos coordinados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) culminó con la detención de cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada al narcomenudeo. Lo singular del caso no fue la cantidad de dosis secuestradas —cerca de 350, entre cocaína y marihuana—, sino el entramado familiar que sostenía la organización.
La cabecilla era una mujer de 49 años, conocida en el barrio por su carácter fuerte y su discreción. Sus hijos, dos varones jóvenes, actuaban como distribuidores y encargados de la logística. En los operativos realizados en Río Cuarto y otras localidades cercanas, los agentes incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, envoltorios listos para la venta y una balanza de precisión, el símbolo cotidiano del negocio ilícito.
Según informaron fuentes judiciales, la investigación comenzó meses atrás tras denuncias anónimas que alertaban sobre un flujo constante de compradores en los alrededores de las viviendas. Los movimientos coincidían con patrones típicos del microtráfico: entregas breves, cambios de vehículos y vigilancia vecinal. Con tareas de inteligencia y filmaciones encubiertas, los investigadores confirmaron que las transacciones se realizaban dentro del mismo domicilio familiar.
“Era un punto caliente, pero lo que más nos llamó la atención fue la estructura interna: roles definidos y confianza absoluta entre los integrantes. Era un modelo de organización que se sostenía en los lazos familiares”, explicó una fuente de la FPA.
El caso pone en evidencia un fenómeno cada vez más recurrente en el interior del país: el narcotráfico de escala barrial como economía paralela, donde las familias convierten el delito en sustento y, a veces, en legado. No se trata de grandes redes con conexiones internacionales, sino de pequeños enclaves que operan con lógica de supervivencia, aprovechando la cercanía y el silencio de los vecinos.
Los investigadores aseguran que, detrás de la aparente estabilidad familiar, había un sistema aceitado de distribución y control. Las ganancias eran modestas, pero constantes, y se reinvertían en la compra de más sustancia. En el allanamiento principal, se encontraron 234 dosis de cocaína y 110 de marihuana, listas para ser entregadas. Los envoltorios, prolijamente guardados en una caja de zapatos, revelaban la precisión artesanal con la que trabajaban.
El fiscal de Lucha contra el Narcotráfico de la circunscripción, Carlos Cornejo, ordenó la imputación de los detenidos por presunta comercialización agravada de estupefacientes, una figura que contempla mayores penas por la participación de más de dos personas en el delito. “Lo familiar no atenúa la gravedad del hecho —señaló—. Por el contrario, demuestra cómo el delito puede naturalizarse puertas adentro, convirtiéndose en una forma de vida”.
En los barrios cordobeses, la noticia corrió rápido. Muchos sabían, pocos hablaban. La caída de la “familia del pasillo”, como la llamaban en voz baja, fue recibida con una mezcla de alivio y temor. Alivio por el fin de las ventas en la esquina; temor por la posible aparición de otros grupos que ocupen ese vacío.
El caso no solo revela el crecimiento del microtráfico, sino también su capacidad para enraizarse en los vínculos afectivos. En palabras de un investigador, “ya no se trata de bandas anónimas, sino de familias que hacen del narcotráfico un oficio heredado, donde la confianza se mide por la sangre y el silencio”.
Mientras los detenidos esperan ser indagados, la FPA continúa con otras investigaciones que podrían conectar esta red con puntos de venta de mayor escala. Pero el mensaje que deja este operativo va más allá de las cifras: muestra el rostro cotidiano del narcotráfico en la Argentina profunda, donde el crimen se mezcla con la rutina y la familia se convierte, sin quererlo, en la primera sociedad anónima del delito.
Santiago Duque, 2° A TT