En la ruta nacional 8, entre el pavimento y el desgaste de un largo viaje, circulaba también una sombra implacable: una banda de gendarmes que convertía los controles en estaciones de extorsión. Más de veinte uniformados, con participación de una jefa de sección y la complicidad de un civil, cobraban “colaboraciones” que podían alcanzar los seiscientos mil pesos por transferencia. La justicia federal de Córdoba ya imputó a 23 miembros de Gendarmería —once de ellos detenidos— bajo los cargos de “asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas”.
La denuncia inicial fue simple: un camionero relató que, en reiteradas ocasiones, personal de la Sección de Seguridad Vial “Sampacho” le exigía dinero para dejarlo continuar su marcha por la Ruta 8. Pronto aparecieron otras dos denuncias similares, sin vínculo directo entre sí, pero con relatos casi calcados. Esa convergencia fue la chispa para que la Fiscalía Federal de Río Cuarto sacara a luz una red organizada.
Los montos exigidos iban desde $50 hasta el extremo de $600.000. Se cobraban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales y transferencias bancarias, lo cual permitió trazar rastros digitales que fortalecieron la acusación.
Lo paradójico —y lo más inquietante— es que los allanamientos y las detenciones las concretó la misma Gendarmería Nacional, cuando lo habitual en estos casos es que intervenga otra fuerza federal. En operativos simultáneos en Córdoba, San Juan, Salta, Catamarca y Santa Fe, se secuestraron teléfonos, documentos y dispositivos digitales, y se notificaron imputaciones.
De los 24 imputados —23 gendarmes y un civil cajero— sólo 11 permanecen presos. Entre los nombres que sobresalen está la exjefa de sección Analía Galian, con prisión domiciliaria.
Según el expediente, la maniobra corrupta funcionaba como una tarifa sobre ruedas: los gendarmes detectaban transportistas, les exigían un pago para eludir sanciones, retenciones o retrasos. Aseguraban que, de lo contrario, les armarían actas o trabarían el paso en controles prolongados. La exigencia se aplicaba incluso cuando los camiones transbordaban jurisdicciones o provincias.
Para las víctimas, aceptar no era opción —o al menos no una opción limpia. Los camioneros “tenían miedo”, según fuentes oficiales. Muchos accedían por temor a perder tiempo, contratiempos o sufrir represalias.
La Ruta 8, que atraviesa el mapa argentino hacia el interior profundo, hoy registra un peaje más sin barrera: el de la corrupción, vestido de uniforme y con respaldo institucional. Este caso, con decenas de involucrados y mecanismos digitales de coimas, podría marcar un antes y un después en la forma de controlar el tránsito y la impunidad.
Santiago Duque, 2°A TT