Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017, ha dado un nuevo paso en su proceso judicial al solicitar a la Justicia de Entre Ríos la posibilidad de acceder a un teléfono móvil y a las redes sociales desde su celda. Esta petición, presentada por su nuevo abogado, Augusto Lafferriere, ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, ha generado un intenso debate sobre los derechos de los internos y la posibilidad de mantener contacto con el exterior, incluso en el contexto de una condena tan severa.
La solicitud fue formalizada el 1° de septiembre y se fundamenta en el buen comportamiento de Galarza durante su tiempo en prisión. Desde su ingreso a la Unidad Penal N° 6 de Paraná, ha completado más de 15 cursos y actualmente estudia Psicología Social, lo que su defensa considera un argumento sólido para permitirle recuperar el acceso a la tecnología. La jueza Elena Margarita Vicari ha ordenado la intervención del Ministerio Público Fiscal, que tiene un plazo de 24 horas para expedirse sobre la solicitud, lo que añade un elemento de urgencia a la situación.
El contexto de esta solicitud es complejo. Desde 2019, Galarza no ha tenido presencia en redes sociales tras un incidente en el que compartió fotos desde su celda, lo que generó un escándalo mediático y llevó a su sanción con diez días de aislamiento. Durante ese tiempo, no tuvo acceso a libros ni a ningún tipo de comunicación, lo que intensificó el debate sobre la posibilidad de que los internos mantengan ciertos derechos, incluso en condiciones de encierro. En su defensa, Galarza admitió haber infringido las normas, pero su abogado argumenta que el acceso a un celular podría ser beneficioso para su bienestar emocional y psicológico.
La cuestión de los derechos de los internos ha sido objeto de discusión en múltiples ocasiones. La defensa de Galarza sostiene que el acceso a redes sociales y a un teléfono móvil no solo es un derecho, sino que también podría contribuir a su reintegración social en el futuro. Sin embargo, la opinión pública se encuentra dividida. Muchos consideran que permitir a una persona condenada por un crimen tan grave el acceso a redes sociales podría ser inapropiado, mientras que otros argumentan que todos los seres humanos tienen derecho a comunicarse y a mantener vínculos con el mundo exterior.
La última vez que Nahir utilizó redes sociales fue en septiembre de 2019, cuando publicó imágenes de su vida en prisión, incluyendo una frase impactante: «Cumpliendo la maldita condena». Esta publicación alcanzó más de 125.000 «me gusta» y 60.000 comentarios, lo que llevó a una rápida intervención del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Los funcionarios consideraron que el contenido era inapropiado y que violaba las normas penitenciarias, lo que resultó en el confiscamiento del dispositivo y una sanción de aislamiento. Desde entonces, Nahir no ha podido comunicarse con el exterior de esa manera, lo que ha contribuido a un aislamiento aún mayor.
La defensa de Galarza ha comenzado a delinear una nueva estrategia legal, buscando mejorar las condiciones de detención de su clienta. Además del pedido de acceso a un celular, se están considerando otras opciones, como solicitar un indulto al gobernador, aunque esta opción es vista como difícil de concretar en el corto plazo. También se ha mencionado la posibilidad de que Galarza pueda solicitar salidas transitorias en 2031, cuando se cumpla la mitad de su condena, lo que representaría un cambio significativo en su rutina dentro del sistema penitenciario.
El caso de Nahir Galarza ha reabierto un debate sobre la naturaleza de la justicia y la rehabilitación de los condenados. A medida que avanza la investigación sobre su solicitud, la sociedad observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos. La resolución judicial sobre el acceso a redes sociales y la posibilidad de tener un celular podría sentar un precedente en la gestión de los derechos de los internos en Argentina, reflejando la tensión entre la seguridad y la humanidad en el sistema penitenciario.
Mientras tanto, Nahir sigue enfrentando la realidad de su condena, con la esperanza de que su situación pueda mejorar y que algún día pueda reconectar con el mundo que dejó atrás. La decisión de la Justicia no solo afectará su vida, sino que también influirá en el discurso más amplio sobre los derechos de los presos y la posibilidad de reintegración social tras cumplir una condena.
Thomas Rivera Bradford, 2° A TT