Río Gallegos fue escenario, el pasado lunes 18 de agosto, de un episodio de violencia institucional que enciende alarmas y exige respuestas. Según se observa en un video que circuló con rapidez por redes sociales, un joven que había eludido un control de tránsito amaga subir a su vivienda; entonces intervienen cuatro agentes de la policía provincial. Tres de ellos lo arrastran por la escalera mientras el primero, ya sobre el escalón, descarga una serie de trompadas y patadas sobre su rostro y cuerpo indefenso. Está en el piso, mientras siguen las agresiones.
La filmación se viralizó y permitió a la familia de la víctima presentar una denuncia por maltratos ante la Justicia. La repercusión fue inmediata: la Jefatura de Policía de Santa Cruz decidió emitir un comunicado público repudiando el accionar de los efectivos. “Esta institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial”, sostiene el texto.
El parte oficial, retomado de medios locales como La Opinión Austral, enfatiza el compromiso institucional con “el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza” valores que, según la fuerza, fueron claramente vulnerados.
Simultáneamente, se activaron las actuaciones administrativas desde la Dirección General de Asuntos Internos, que tiene mandato para identificar a los efectivos involucrados, establecer sus grados de responsabilidad y determinar las sanciones disciplinarias. Según el comunicado, se aplicarán “las sanciones previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan derivarse de las investigaciones en curso”.
El tono del anuncio oficial reclama transparencia: “Reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público”. Además, la institución exhortó a la sociedad a mantener la confianza en las instituciones, asegurando que esa confianza solo se sostiene mediante la legalidad, el profesionalismo y el respeto hacia la ciudadanía.
Pese al compromiso público, el caso despierta cuestionamientos e inquietudes que van más allá de lo mediático. ¿Qué mecanismos de control interno posee la fuerza provincial para evitar que episodios como este se repitan? ¿Cuántos efectivos de la línea media o baja han sido sancionados en los últimos años por violencia institucional? ¿Se prevén reformas o capacitaciones reforzadas para evitar el uso excesivo de la fuerza en procedimientos rutinarios?
El impacto social de la difusión del video no solo radica en su contenido brutal, sino en las voces que desde la transparencia o la denuncia exigen cambios concretos. De eso depende que estas imágenes, que muestran una violencia inadmisible, no se repitan, y que los valores institucionales no queden entrampados en las palabras de un comunicado, sino se reflejan en cada intervención policial.
Mientras tanto, (hoy, miércoles 20 de agosto de 2025), la investigación sigue su curso: sumarios internos activos y un expediente judicial que podría culminar con sanciones que, se espera, sean ejemplares. La ciudadanía aguarda no sólo respuestas, sino transformaciones reales.
Thomas Rivera Bradford, 2° A TT