La causa Vialidad se ha transformado en uno de los expedientes judiciales más relevantes y controversiales de la historia reciente argentina. Involucra directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de haber encabezado una estructura de corrupción durante su gestión, favoreciendo al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales. El caso ha reavivado el debate sobre la relación entre política y justicia, y sus implicancias se extienden más allá del plano judicial, con fuerte impacto en el escenario electoral y social del país.
El proceso judicial se inició a partir de una denuncia realizada en 2008 por la entonces diputada Elisa Carrió. En el centro de la causa se encuentra la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, otorgadas en su mayoría a Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez, un empresario cercano a los Kirchner. Una auditoría posterior reveló irregularidades como sobreprecios, obras inconclusas o pagos anticipados, lo que derivó en acusaciones por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. No obstante, fue absuelta por el cargo de asociación ilícita, generando reacciones divididas tanto en el ámbito político como entre juristas.
La defensa presentó recursos ante la Cámara de Casación y, posteriormente, ante la Corte Suprema de Justicia, alegando múltiples violaciones al debido proceso. En paralelo, el fiscal Mario Villar pidió que se reconsidere la acusación de asociación ilícita y se eleve la pena a doce años de prisión. El procurador general Eduardo Casal respaldó este pedido, lo que actualmente está bajo estudio de la Corte Suprema.
Más allá de lo estrictamente judicial, el caso tuvo consecuencias directas en la arena política. En febrero de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto conocido como “Ficha Limpia”, que buscaba impedir que personas condenadas por corrupción puedan postularse a cargos electivos. Sin embargo, el Senado rechazó la iniciativa por un voto, lo que fue interpretado como una victoria para el kirchnerismo y una posible puerta abierta a una eventual candidatura de Fernández de Kirchner.
Además, en marzo de este año, el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la expresidenta, prohibiendo el ingreso al país por considerarla involucrada en hechos significativos de corrupción, lo que generó un nuevo capítulo de tensión diplomática.
Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, no ha sido encarcelada hasta el momento debido a sus fueros parlamentarios como senadora en su momento y actualmente por no tener una condena firme. En caso de que la Corte Suprema ratifique la condena y se considere firme, podría solicitar la prisión domiciliaria por su edad.
Mientras tanto, su defensa ya adelantó que, si el máximo tribunal rechaza el recurso, acudirá a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando persecución judicial y violaciones al debido proceso.
La causa Vialidad no es solo un expediente judicial; es también un símbolo del enfrentamiento entre dos visiones de país. Para algunos, representa un acto de justicia largamente esperado; para otros, un ejemplo de lawfare o persecución política. El fallo final de la Corte no solo marcará el destino judicial de una de las figuras más influyentes del país en las últimas dos décadas, sino que también podría redefinir el mapa político de cara a las elecciones de 2025.