La Ley de etiquetado frontal de los alimentos debía haberse debatido en el recinto de la cámara de diputados, en una sesión especial convocada por el bloque de Frente de Todos, pero la oposición decidió no presentarse y así truncar el tan esperado debate por toda la sociedad al no dar el quórum necesario. Solo se presentaron 122 diputados en el recinto y eran necesarios 127. Este proyecto es uno de los pocos, casi único, donde la grieta es indivisible en la población.
El texto de la ley, que ya cuenta con media sanción del Senado, obliga a las empresas a colocar en sus alimentos y bebidas analcohólicas un sello octogonal de color negro con letras blancas en la parte delantera de los envases con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas y calorías. A su vez, es una política recomendada por Organización Mundial de la Salud (OMS). En nuestro país el podio de factores de riesgo más asociados a la mortalidad es: Hipertensión, Hiperglucemia en ayunas elevadas y sobrepeso u obesidad. Las mismas ocasionan 140.000 muertes al año.
Cabe destacar que la aplicación de esta política de salud ha tenido resultados óptimos a nivel mundial, cómo es el caso de Estados Unidos e Inglaterra. En el Mercosur, Chile y Uruguay son los referentes. En el caso del país trasandino la ley entró en vigor en 2016 y se avanzó de forma gradual: primero la industria tuvo que disminuir en un 55% las azúcares y en 50% el sodio de los alimentos. En Uruguay se aplicó en 2018 con un enorme éxito; la Unicef publicó un informe diez días después de aplicada la ley donde revela que las personas modificaron sus conductas de consumo en un 58%.
En cuanto al sobrepeso u obesidad, Argentina tiene una de las cifras más altas de la región: afecta a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes. En los adultos a 7 de cada 10. Son números alarmantes, sobre todo con la gravedad que va en aumento. Más grave aún es tener la información y la evidencia científica de la implementación del etiquetado desacelera este proceso mortal (N de R: este informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud – PAHO – revela los resultados en los países que aplicaron la ley).
La del otro día hubiera sido la primera sesión con total presencialidad luego de la pandemia. Leonardo Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, denunció que “en Argentina hay cinco empresas de producción de alimentos que tienen el 90 por ciento de las marcas de alimentos, que son los que después le pagan la campaña a Juntos por el Cambio”.
Hasta fue sorpresa ver presentes en el recinto al bloque completo del actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, por tratarse de una de las provincias que resultarían más perjudicadas con el avance de la ley (la caña de azúcar es la principal industria de la provincia de Tucumán). La semana pasada, Adolfo Rubinstein subió a sus redes una serie de mensaje con clara alusión a la provincia del norte argentino. “Las demoras en el tratamiento sin dudas están vinculadas al lobby que la industria alimentaria y las provincias azucareras hacen en su contra”. Ayer sucedió todo lo contrario.
En su cuenta de Twitter, el diputado Fernando Iglesias ensayó una explicación del porqué del faltazo generalizado de su bloque. Es cierto que la sesión era especial e impulsada por el Frente de Todos, Máximo Kirchner en su rol de presidente del bloque había enviado el temario con el destacado de la ley de etiquetado, cómo también es cierto que Juntos por el Cambio había enviado su propio temario con la necesidad de tratar otras leyes que consideran prioritarias (presupuesto 2022, ley de emergencia educativa, alivio fiscal, boleta única, etc.). Lo que parece ser una postura a destiempo es llamar “secundaria” a una ley que brinde información nutricional a una población con los niveles más altos de mortalidad de la región.
Hernán Carnabuci