El mismo día en que se desarrolla todo el país un paro general, se cumplen 50 años de lo que fue uno de las protestas sociales más importantes de la historia de la Argentina: el Cordobazo. Habían transcurrido tres años del derrocamiento al gobierno de Arturo Illia por parte de las Fuerzas Armadas, que habían llevado al poder a Juan Carlos Onganía, a través de la autodenominada “Revolución Argentina”.
El gobierno de Onganía tomó varias medidas durante sus cuatro años de gobierno, comenzando por la abolición de los partidos políticos, lo que provocó una serie de acciones insurreccionales y combativas hacia 1968.
En cuanto a la religión, se realizaron transformaciones en la Iglesia católica. Se creó el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que intentaba articular la idea de renovación de la iglesia subsiguiente al Concilio Vaticano II con una fuerte participación política y social. Luego se dio a conocer el Documento de Medellín, donde se anunciaba “el umbral de una nueva época histórica del continente, llena de un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de integración colectiva”.
En el plano sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) se dividió en dos a partir de 1968. Por un lado se encontraba la CGT “legalista”, que se encontraba bajo el mando Augusto Timoteo Vandor. En ella se agrupaban grandes sindicatos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte Automotor (SMATA), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Sanidad, la Unión Ferroviaria (UF), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT). Por el otro lado estaba la CGT de los Argentinos liderada por Raimundo Ongaro, que reunía a los sindicatos que proponían una lucha más frontal contra la dictadura de Onganía. Entre los gremios que se encontraban de este bando se pueden mencionar los siguientes: la Federación Argentina de Trabajadores de Luz Y Fuerza (FATLyF), los gráficos, portuarios, petroleros, telefónicos, empleados farmacéuticos y azucareros.
En cuanto a la economía, se comenzó por reducir la cantidad de empleados públicos y de empresas del Estado y se cerraron varios ingenios, principalmente en Tucumán, con el fin de racionalizar la producción. Estas medidas se tomaban para controlar la inflación ,que según los militares y los sectores capitalistas, era culpa de los sectores populares que no aceptaban bajar sus salarios. Debido a que el plan económico no funcionaba, se tomó la decisión de cambiar el ministro de Economía. De esta manera dejó su cargo Jorge Salimei y lo reemplazó Adalberto Krieger Vasena, quién a principios de 1967 dio a conocer el presupuesto nacional con drásticos ajustes en las áreas de educación y salud.
En marzo de año se presento el «plan de estabilización y desarrollo», que tenía como objetivo superar a corto plazo la crisis económica que enfrentaba el país y lograr una estabilización prolongada. Pensando ya en un futuro un poco más lejano los objetivos consistían en «racionalizar toda la economía» y facilitar el desempeño de las empresas más eficientes. Llevado a medidas concretas, esto se traducía en congelar los salarios por dos años (luego de un pequeño aumento), suspender las negociaciones colectivas, congelar las tarifas de servicios públicos y de combustible, establecer un acuerdo de precios con 85 empresas líderes, reducir el déficit por la racionalización de personal y una recaudación estricta y establecer una devaluación de 40% sobre las exportaciones agropecuarias.
Dadas las duras condiciones del plan, se había llamado a un paro general para el 30 de mayo de 1969. Pero en Córdoba lo adelantaron un día y adoptaron la medida propuesta por Agustín Tosco (Sindicato de Luz y Fuerza) que implicaba el abandono de los puestos de trabajo por 36 horas. A esto se sumaba que los sectores estudiantiles se adherían a la protesta, ya que ellos marchaban en contra de las intervenciones a las universidades. Esta protesta fue detenida en puntos estratégicos por la policía, que comenzó a atacarlos para evitar que lleguen al centro de la ciudad.
Esta intervención desembocó en una generalización de la protesta, que representaba un rechazo al régimen autoritario y a la sensación de injusticia generalizada que afectaba a diversos sectores sociales. Se despertó una fuerte adhesión porque existía un enorme repudio a las muertes estudiantiles, que se habían dado en Rosario y en Corrientes en
los días anteriores, y a la permanencia de la dictadura en el poder. Cuando la movilización se expandió por toda la ciudad la policía se vio desbordada y tomó la decisión de resguardarse en la central. El gobernador pidió la intervención del ejército y declaró el estado de sitio, aunque para ese entonces ya había quince muertos. Luego, la ciudad se vació y la resistencia se concentró en el Barrio de Clínicas. El sindicato de Luz y Fuerza cortó la luz en ese sector para imposibilitar la entrada de las Fuerzas Armadas a ese lugar, lo que propició la aparición de francotiradores. Luego de algunos enfrentamientos, se redujo a la resistencia.
Si bien la protesta fue finalmente controlada, fue un cimbronazo a la legitimidad del gobierno de facto de Onganía, que renunciaría un año después a la presidencia para cederle el cargo a Roberto Marcelo Levingston.