El Jockey Club cederá terrenos por 25 años a la Municipalidad de San Isidro

El Jockey Club llegó a un acuerdo con el gobierno municipal de San Isidro que implica un plan de pago y una rebaja en la tasa por 16 años debido a una deuda de 480 millones de pesos en concepto del impuesto ABL; aún carece de la aprobación final.

Postal del Jockey Club (Imagen: La Nación)

El establecimiento fue fundado en 1882, y es considerada una de las instituciones más añejas y exclusivas del país. Sin embargo, sufrieron los efectos de la pandemia y, por consiguiente, se endeudaron por 480 millones de pesos por no pagar el ABL. La deuda surge ya que el club debe abonar mensualmente 21 millones de pesos de dicho impuesto. No obstante, con el inicio de acciones legales, intereses y multas, la cifra se elevó.

El jueves 8, se desarrolló una asamblea y sus socios votaron a favor del acuerdo con el municipio de San Isidro para lograr una reducción del 60% en el pago de dicha tasa en los primeros ocho años, y un 40% en los ocho años posteriores. Como en todo convenio, ambas partes deben verse beneficiadas: el club le cederá, por 25 años, un espacio verde de 3600 metros cuadrados, que se localiza en el empalme de las avenidas Diego Carman y Bernabé Márquez, junto con una franja de terreno del Hipódromo de mencionada localidad, que aprecian en 14.000 metros cuadrados.

Aún así, para que sea ratificado deberá contar con la aprobación del Consejo Deliberante. Cabe destacar que, en la asamblea, el acuerdo obtuvo 180 votos positivos, 80 en contra, y una abstención.

Vista desde el aire (Imagen: Jockey Club)

Desde la Municipalidad, aseguraron a LA NACIÓN que su intención es ensanchar la vereda de la avenida de la Unidad Nacional en el lado sur del Hipódromo, hallada entre Santa Fe y Fleming. De este modo, la acera pasará de 3.50 a 5 metros, llegando a los 7 metros en algunos sectores. Asimismo, se hará una plaza vanguardista de 2000 metros cuadrados que contará con instrumentos aeróbicos, bancos antivandálicos, luminaria led, bicicletas y bebederos.

Las obras no finalizarían ahí, sino que, sumarán nuevas especies de árboles y se colocará en valor la escultura Tiempo Libre.

-Fernando Gorosito

Argentina llegó a un acuerdo con el Club de París y continúan las negociaciones con el FMI

El futuro económico se avecinaba como un laberinto para Argentina. Debía enfrentar el pago de 2450 millones de dólares al Club de París antes del 31 de julio. Pero al mismo tiempo negociaba un acuerdo con el FMI para un nuevo programa de financiamiento de la deuda de 45 mil millones de dólares contraída por el Gobierno del expresidente Mauricio Macri. Entre tantos obstáculos, encontró una salida -momentánea- que le otorgará un camino más positivo para los próximos meses.

El país le realizará un pago parcial de 430 millones de dólares al Club de París en un plazo de ocho meses, con fecha límite el 31 de marzo de 2022. Este pago se hará en dos partes: la primera se llevará a cabo precisamente el 31 de julio de este año, y la segunda, a fines de febrero del año próximo. Con este dinero, Argentina evita entrar en default y esquiva, por ahora, los 2020 millones de dólares restantes.

Aún no esté claro cuándo y cómo se pagará la cantidad restante del dinero. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó en conferencia de prensa que se negociará antes de la fecha límite: “El entendimiento consiste en que la Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo del año 2022 para luego de este plazo apuntar a una reestructuración más permanente con el Club de París, y que la Argentina continuará haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento con el FMI que nos permita refinanciar el stock de deuda de 45 mil millones de dólares que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó entre 2018 y 2019”.

Por supuesto que, al haber llegado a un pacto con los acreedores oficiales, todas las miradas se dirigen a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La realidad es que Argentina todavía debe enfrentar un vencimiento de 3600 millones de dólares (una mitad en septiembre y la otra en diciembre) con el FMI, además de definir un nuevo acuerdo, que se negociará después de las elecciones legislativas de noviembre. En este sentido, el prestamista de última instancia no es tan flexible como el Club de París.

Esta organización financiera internacional no admite pagos parciales, por lo que Argentina debe abonar el dinero enteramente antes de las fechas estipuladas. Aunque parezca difícil de que se lleve a cabo, de aquí se desprende una alternativa favorable: los Derechos Especiales de Giro (DEG).

El FMI repartirá 650 mil millones de dólares a través de los DEG a todos sus países miembros con el fin de ayudar -sin ningún interés de por medio- a contrarrestar las consecuencias que dejó la crisis por el coronavirus. De todo este dinero, a Argentina le corresponderá alrededor de 4500 millones de dólares, los cuáles recibiría a fines de agosto.

Kristalina Gueorguieva, directora del FMI

Con este ingreso, el país contaría con el capital suficiente para enfrentar estos dos pagos. Pero aquí es donde se siembra la incógnita. ¿A qué destinará el gobierno ese dinero?. Por lo pronto, se sabe que inicialmente se contempló que se utilice para pagar la deuda. Sin embargo, hoy el destino parece ser otro.

“Lo que yo puedo garantizar es que cualquier cosa que se determine va a ser para sostener y promover la actividad y el empleo, esa es la determinación del presidente y de nuestro espacio político”, afirmó hace algunas semanas el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, cuando fue consultado por los DEG.

Y esta posición toma más fuerza luego de que el senador por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, haya presentado un proyecto que ya se aprobó y que busca, precisamente, destinar este dinero a fortalecer políticas sanitarias, generar trabajo y mejorar la educación.

Oscar Parrilli, ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia

De momento, no trascendió más información, pero la interna se sembró en el oficialismo y continúan presentes los dos interrogantes: destinar el dinero para pagar la deuda, o fortalecer las áreas de salud, empleo y educación. En los próximos meses, se conocerá la última palabra.

De todas maneras, los DEG solo servirían para cubrir los pagos de este año. En 2022, los vencimientos ascienden a 20 mil millones de dólares, por lo que la negociación por un nuevo acuerdo con el FMI aún permanece.

No obstante, el 9 y 10 de julio Martín Guzmán volverá a encontrarse con representantes del FMI. Será en Venecia, en la cumbre de líderes de finanzas del G20. Allí se verá con Julie Kozack, la directora adjunta del departamento del hemisferio occidental. Pronto habrán novedades acerca del rumbo de esta negociación, que se espera, llegue a buen puerto.

Leandro Ariel Ordóñez

CFK y los límites de la negociación de Argentina con el FMI

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presiona al Fondo Monetario Internacional y al Club de París para que suspenda el pago de las deudas hasta que acabe la pandemia.

Actualmente nuestro país se encuentra en un estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el FMI y otros organismos, El riesgo es afectar intereses superiores que el Estado debe proteger en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo y la educación.

El 42% de la población en nuestro país vive en situación de pobreza y transita el peor momento de la pandemia con el sistema hospitalario saturado. Nuestro presidente, Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, se comprometieron a seguir pagando las cuotas de la deuda hasta pactar una reestructuración.

La gran hipótesis en este momento es si el gobierno tiene realmente la intención de repagar la deuda de 46.000 millones de dólares con el FMI o si prefiere unos años en default, como ocurrió después de 2001. En este contexto, Cristina Fernández de Kirchner reclamó en varias oportunidades un guiño del FMI. Sin embargo sus exigencias son casi imposibles: rebaja de los intereses y la extensión de los plazos a 20 años, frente al máximo de 10 establecido en el reglamento del FMI.

Por su parte, el FMI declaró que sus reglamentaciones impiden una baja en el monto de la deuda. Cristina Kirchner fue crítica con el organismo al señalar que  el crédito se otorgó de forma ilegal.
Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), respondió estas acusaciones: «La capacidad del FMI de reestructurar la deuda y posponer pagos está limitada por nuestras reglamentaciones y marcos legales”, explicó durante la conferencia de prensa quincenal en Washington.»
Además, le contesto a la vicepresidenta diciendo lo siguiente: “Le puedo asegurar a todos que no hubo ninguna violación de las reglas del FMI”, aclaró el Rice después de que Kirchner dijera: “Cuando dicen «no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas’. También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?”.

Gerry Rice le respondió a Cristina Fernández muchos de sus cuestionamientos

 

 

 

 

 

 

En el mes de febrero el FMI se puso firme y le propuso a nuestro país,  seguir una serie de exigencias para aplazar el pago de la deuda de USD 45.000 millones.
Entre los requerimientos más importantes figuran:

* Desequilibrios macroeconómicos: el fondo considera que Argentina tiene demasiados desajustes en materia fiscal que deben ser corregidos.
* Déficit fiscal: el FMI cree que la meta del presupuesto nacional no es ambiciosa (4,5% del total del PBI). Ante esto sugiere un esfuerzo en el aumento de los recursos tributarios.
* Aumento de las reservas del Banco Central: aunque se percibe un aumento de reservas, las mismas se dan en un contexto de cepo estricto
* La reforma del estado: el organismo internacional busca que haya mayor eficiencia en el sector público.

Aunque el gobierno bajo la persiana rápidamente  a esta propuesta, insistirá en otro plan de pago que será difícil de negociar.
En las ultimas semanas, Argentina consiguió el apoyo de Portugal, España, Francia e Italia para sus gestiones ante el FMI con el fin de reducir o eliminar un monto de la deuda.
Nuestro país deberá comenzar a pagar los 44.000 millones de dólares recibidos del préstamo del FMI este año, pero en marzo Fernández declaró que la deuda era una carga demasiado pesada para el país. En 2021, Argentina debe pagar 3.500 millones de dólares; otros 18.000 millones en 2022, y 19.000 millones en 2023.

El presidente argentino intenta postergar pagos hasta dentro de cuatro años. La intención es que la economía de nuestro país esté en mejores condiciones. Fernández también procura que el FMI rebaje los recargos que se aplican para impulsar el reembolso.
«El tema no es no pagar, sino que podamos obtener un acuerdo que nos permita sostener el plan económico que tenemos, de desarrollo y crecimiento, y sin olvidar a ese 40% de la población que está por debajo de la pobreza» manifesté en reiteradas ocasiones Alberto Fernández.

Si bien el gobierno aún tiene acceso a los mercados de capitales para obtener préstamos, no puede pedir dinero a tasas de interés bajas. Para equilibrar las finanzas, el gobierno recurrió a impuestos sobre el patrimonio de los más pudientes, y a otros gravámenes. Todo con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado

Alan Adrián Ertola.

Polémica por la intervención del gobierno en Vicentin

Primero vamos a explicar que es Vicentin, para los que todavía no saben. No es una empresa, tampoco una fábrica, es un conglomerado de agro industriales. Cuenta con su base en la ciudad de Santa Fe, pero tiene plantas productivas por todo el país. Su base es la producción y exportación de productos primarios como harinas, granos y aceites. Es la mayor procesadora de granos del país.

Según informes de funcionarios del gobierno el conglomerado cuenta con una deuda de $99.000 millones de pesos lo que equivale a unos 1.419 millones de dólares. Claudio Lozano, director del Banco Nación, anunció que entre los mayores acreedores se encuentran 37 bancos, quienes tienen el mayor monto de la deuda, unos $63.962 millones de pesos. También deben $25.657 millones, divididos en 1895 productores y además, $5.428 millones a sociedades relacionadas con la misma empresa. “Se trata de acreedores que forman parte del mismo conglomerado que está en concurso preventivo. No es una masa menor en el total de deuda, son $5.428 millones que representan el 5,5% del total de la deuda bajo concurso. Del mismo modo, y como dato también notable es que aparecen 98 acreedores que son accionistas de la empresa”, remarcó Lozano. Con esto quiso decir que Vicentin se reclama deudas a sí mismo. 

El conglomerado, a fines del año pasado, declaró la cesación de pagos por estrés financiero y desde febrero está con un concurso preventivo en Reconquista, Santa Fe. A pesar de que el proceso judicial estaba avanzando sin inconvenientes el gobierno argentino decidió intervenir. El presidente Alberto Fernández dijo que intervino la empresa para lograr la soberanía alimentaria que el país necesita, preservar los puestos de trabajo y lograr que alrededor de 2600 productores puedan seguir contando con una empresa a la cual venderle lo que producen. Además, designó como interventor a Gabriel Delgado, quien dirige el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, envió una propuesta a Alberto Fernández, en ella destaca que una opción para rescatar la empresa es transformarla en una compañía mixta, adoptando una manera diferente a la expropiación. 

“Con Alberto Fernández analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar”, declaró, el actual interventor en su cuenta de Twitter. 

Mientras tanto, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, en diálogo con La Nación señaló: “Seguimos trabajando para que exista una opción moderada y siempre acorde con la ley. El respeto del proceso de concurso preventivo es clave. Dentro de ese proceso es posible buscar soluciones para la empresa, los trabajadores, los productores y los acreedores”. Es decir, están trabajando para evitar la expropiación.

Norberto Niclis, vicepresidente de Coninagro, en declaraciones en AM Radio ConVos, se refirió a la propuesta de Omar Perotti, que mencionamos anteriormente y la calificó como “más amigable” que la del gobierno. Además, agregó, que es bueno corregir el rumbo y que el gobierno había partido de un diagnóstico equivocado, refiriéndose a la decisión de postergar la expropiación de la empresa y respaldar la propuesta del gobierno de Santa Fe.

A todo esto Máximo Padoan, accionista de Vicentin, manifestó que el plan de Perotti es una “aberración”. En diálogo con Radio Rivadavia expresó que: “Lo único que se me ocurre cuando hablan de que esto es un plan superador, es que en el DNU designaron dos interventores y ahora son tres. Además, no es una intervención por 60 días, sino que no tiene fin, es permanente. Las nuevas soluciones que van apareciendo son cada vez peores”.

Como si no fuera suficiente con todas las repercusiones que este tema causó, la gente también se expresó y salió a calle a protestar contra la expropiación. En todo el país hubo banderazos a pesar del confinamiento obligatorio.

El tema recién comienza pero ya genera repercusión en la sociedad argentina.

Por Joaquín Lozano 2B TN

Intendentes bonaerenses apoyaron a Kicillof por la negociación de la deuda

Los 135 intendentes bonaerenses, coincidieron con los dirigentes de la Provincia de Buenos Aires, en su reunión por el tema de la deuda. Consideran que es crucial para el futuro de los bonaerenses. Y así lo manifestaron en un documento escrito firmado por todos. «La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, añade incertidumbre en todo el mundo y traerá consecuencias sociales dramáticas para nuestra provincia», sostuvieron los jefes comunales, en algunas de sus líneas. Además agregaron: «Apoyamos el proceso de renegociación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia».

Acuerdo y apoyo, dos palabras que resumen la reunión que mantuvieron con el gobernador Axel Kicillof. No sólo por parte de todos los intendentes peronistas sino que también los de la oposición. Luego de la reunión y con una voz casi unificada, manifestaron: «Las y los intendentes de la Provincia de Buenos Aires somos plenamente conscientes de la grave situación económica que vive nuestro país y nuestra querida provincia».

Desde el primer día Nación y Provincia trabajaron en conjunto, por lo que hay varias ideas en el mercado respecto de lo que puede suceder y la decisión que tomará la Provincia, ya que vencen 110 millones de dólares y se cierra el canje de deuda. Ese vencimiento forma parte del BP21, un bono en dólares bajo ley extranjera por el que la provincia que gobierna Axel Kicillof debería pagar USD 277 millones, de los cuales USD 250 millones corresponden a capital y USD 27 millones a intereses.

Cabe destacar que la Provincia de Buenos Aires, es la más endeudada. Y por desgracia también, la que más cercanos tiene sus vencimientos. Hablamos de que el stock de deuda equivale al 79% de los ingresos. Por su parte, del total de la deuda el 85% es en moneda extranjera. Dato que no es menor. Durante 2020 el gobernador tiene vencimientos de títulos por USD 2.705 millones, de los cuales US$ 725 millones son los que vencieron en enero y el resto, USD 2.119 millones, están en el segundo semestre.

Twitter del gobernador con el documento escrito.

«Nuestro pueblo no soporta más exclusión, pobreza y desigualdad; atender esta situación constituye una obligación impostergable para el Estado provincial», indudablemente es la frase más significativa del documento.

El escrito, con la firma de todos los alcaldes, asegura que: «Con independencia de nuestros múltiples puntos de vista, los y las intendentes de la provincia estamos unidos respaldando una salida ordenada y justa». Acerca de la reunión del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, dijo que: «El PJ provincial decidió dar un fuerte apoyo a la negociación de la deuda que lleva adelante el Presidente con el ministro de Economía, Martín Guzmán». Sin banderas ni colores políticos, el acuerdo por parte de los jefes departamentales es total y la renegociación de la deuda está en pie.

En el ámbito nacional y hablando de deudas, el presidente de la Nación también remarcó que continúa el diálogo de buena fe con los acreedores de la deuda nacional para alcanzar un acuerdo sostenible. No dejó atrás por supuesto, el apoyo hacia la Provincia de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, un fuerte espaldarazo para la renegociación que Kicillof y su equipo económico, con el ministro de Hacienda Pablo López a la cabeza, llevan adelante.

 

Por Ciro Ruggera. 2° B Turno Noche.-

Deuda: La propuesta del gobierno y su repercusión

El jueves 16 de abril y en Olivos, el presidente Alberto Fernández acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, presentaron, frente a los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta para afrontar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados. Guzmán aseguró que hay consenso con el FMI en que hoy Argentina “no puede pagar nada” y, que tiene que haber una reducción fuerte en la carga de la deuda.

La propuesta fue cambiar la estructura de la deuda por otra que implique, un periodo de gracia de tres años. Es decir, que Argentina no pagaría nada durante los años 2020,  2021 y 2022.  Retomaría sus pagos en 2023 con una tasa de interés de 0,5%, que iría aumentando hasta niveles que son sostenibles. El interés promedio sería de 2,33%.

Esto dará una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, es decir, del 5,4% y una quita de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale al 62%. La Argentina también daría a los acreedores 10 bonos denominados la mitad en dólares y la otra mitad en euros, con vencimientos en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047 y tasas de interés crecientes de entre 0,5% y 4,875%.

“Nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003”, sostuvo el presidente Alberto Fernández y refiriéndose a la propuesta para afrontar la deuda. De todas formas diferenció esta situación de la ocurrida en aquel momento diciendo que, actualmente nos encontramos en una especie de “default virtual”. Además, agregó, que se propuso ser “serio” y no aprovechar la circunstancia del Coronavirus que ha “dado vuelta” a la economía del mundo, para postergar la solución del problema. 

El lunes 20 de abril, un conjunto de empresas llamado el Grupo que posee el 25% de los intereses de Argentina, rechazó la propuesta del gobierno diciendo que la Argentina busca colocar una parte desproporcionada de los esfuerzos para el ajuste a largo plazo sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales. Aún así, el Grupo afirmó que tiene confianza en que puedan lograr una solución constructiva y positiva.

Al día siguiente, el ministro de Economía dijo que el rechazo era esperable. “Presionan para que Argentina ofrezca más, pero no se puede, no es sostenible» admitió. También se refirió a que Argentina no puede hacer frente a los pagos  en los próximos días.  Estas obligaciones rondan el valor de 500 millones de dólares. “Ya no se podía pagar nada, con el Coronavirus menos aún”, expresó, el Ministro, en dialogo con el programa el Destape.

El ministro de Economía, Martín Guzmán.

Mientras tanto, en Estados Unidos la bolsa de valores de Wall Street analizó los detalles de la oferta Argentina y la desaprobaron. Los resultados que arrojaron reflejaron quitas, plazos y pagos demasiado duros de digerir para los inversores. 

A su vez, el indicador de JP Morgan volvió a superar los 3.800 puntos de riesgo país, los bonos de referencia en dólares promediaron caídas del 3% y los títulos soberanos en dólares, con ley de Nueva York, promediaron el 5%. 

El miércoles 22 de abril, el gobierno oficializó la oferta hecha el jueves pasado a los acreedores. A través del decreto 391/2020 publicado en el Boletín Oficial. En este se oficializa un monto máximo de emisión de moneda estadounidense que no podrá ser mayor a un valor nominal de 44.500 millones de dólares.

“La propuesta diseñada le permitirá al Estado Nacional restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo Ley Extranjera, permitiéndole de esta forma hacer frente a servicios de deuda acordes con la capacidad de pago de la República Argentina conforme fuera expuesto por la Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía”, indicó el Decreto.

Esta propuesta estará abierta hasta el 8 de mayo. Aún así, se aclaró que el plazo podría ampliarse si el gobierno así lo desea. De todas formas anticipó que la propuesta puede sufrir modificaciones.

Lo único que le resta a la Argentina es aprovechar este plazo de gracia de 30 días, hasta el 22 de mayo, para negociar, pagar la deuda y evitar caer en un nuevo default.

Lozano, Joaquín. 2° B TN.