Las inmediaciones del Congreso de la Nación se convirtieron el jueves 15 de octubre en el escenario principal de una nueva protesta por la situación de las universidades. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes de distintas organizaciones participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria, que también tuvo actividades durante el miércoles en diferentes ámbitos educativos.
La movilización se produjo en medio de un conflicto entre las autoridades académicas y el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. Los participantes cuestionaron la falta de fondos para sostener el funcionamiento de las instituciones y reclamaron respuestas ante el deterioro de las condiciones laborales y económicas de la comunidad educativa.
Entre los principales pedidos figuraron la actualización de las partidas destinadas a las casas de estudio, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento de las becas. Las organizaciones convocantes también exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso para atender las necesidades del sistema.
La protesta reunió a agrupaciones estudiantiles, sindicatos, profesores, trabajadores administrativos y representantes de distintos espacios sociales. La convocatoria fue impulsada por entidades universitarias y gremiales, entre ellas el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina. Las manifestaciones se replicaron en más de una decena de ciudades, con concentraciones organizadas por las instituciones locales.
Uno de los ejes centrales del conflicto estuvo relacionado con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Un relevamiento publicado por Chequeado el 16 de octubre indicó que el presupuesto universitario de 2026 había registrado una caída real del 25,3 % respecto de 2023. El informe también señaló que los salarios docentes se encontraban un 24,2 % por debajo de los niveles de aquel año. Las cifras reflejaron las dificultades del sector para sostener sus actividades en un escenario de inflación y restricciones económicas.
Los alumnos también advirtieron que la falta de becas, materiales accesibles y condiciones adecuadas podía dificultar la continuidad de sus carreras, especialmente para quienes dependían de la educación estatal.
Otro punto del reclamo fue la aplicación efectiva de la ley. Desde las entidades convocantes sostuvieron que la norma debía cumplirse y advirtieron sobre las consecuencias de mantener recursos insuficientes para la enseñanza, la investigación y la extensión. El Ejecutivo, por su parte, había defendido su política de ajuste presupuestario con argumentos vinculados al equilibrio de las cuentas públicas.
La jornada coincidió con discusiones políticas y económicas en el Congreso. La concentración buscó dar visibilidad al reclamo ante representantes legislativos y funcionarios nacionales. Sin embargo, también hubo momentos de tensión en las inmediaciones del edificio. Las coberturas periodísticas informaron que los incidentes incluyeron la intervención de las fuerzas de seguridad, personas detenidas y efectivos heridos.
La convocatoria volvió a poner en debate el papel de las instituciones estatales en la formación profesional y la producción científica. Las universidades nacionales habían sido espacios de acceso a estudios superiores para distintos sectores sociales, además de centros de investigación.
Al finalizar las actividades, el reclamo dejó expuestas las dificultades para alcanzar un acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes del sistema académico. Los manifestantes insistieron en que la continuidad de las clases, el sostenimiento de los equipos de investigación y la posibilidad de estudiar en condiciones adecuadas dependían de una respuesta concreta. El conflicto permaneció abierto y mantuvo en discusión el financiamiento, los salarios y el futuro de la educación superior argentina.
Facundo Vaccaro, 2° A TT