El proyecto del Presupuesto 2027, enviado al Congreso de la Nación el pasado 15 de septiembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, desató una fuerte tensión política en la propia interna del Gobierno. El conflicto se centra en el capítulo sexto y en los artículos 39, 40 y 41 del texto presupuestario, donde habla sobre el área de discapacidad, y tomó por sorpresa a varios referentes de la coalición e impulsaron a La Libertad Avanza a buscar un giro estratégico en la Cámara de Diputados para calmar la polémica.
La inclusión de las medidas vinculadas con “discapacidad” expuso severas fallas de coordinación y desacuerdos dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich manifestó públicamente su malestar por la falta de discusión previa en el Poder Ejecutivo y advirtió sobre los costos políticos para la gestión del presidente Javier Milei. “Quiero una mesa política donde las cosas se discutan”, fue el reclamo de la referente oficialista en declaraciones televisivas, quien es considerada como de las más fuertes e importantes del partido. Sus dichos fueron para exigir revisar los proyectos controversiales antes de su presentación en el Congreso.
El malestar interno creció al trascender que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía en detalle el contenido del artículo. Durante la reunión de la mesa política donde se abordó el Presupuesto 2027, el ministro Caputo solo presentó lineamientos generales sin profundizar en cada punto. La situación reavivó los cuestionamientos hacia la conducción económica y el asesor presidencial Santiago Caputo.
El diputado nacional Santiago Santurio admitió el descontento por la exposición pública de las diferencias, aunque descartó una ruptura: «A veces no es lo mejor salir a decirlo en los medios, no es la forma que más me gusta, pero no es nada grave».
Ante el avance de las críticas, LLA encabeza tratativas con el PRO, sectores de la UCR y fuerzas provinciales para reemplazar completamente el texto inicial e impulsar un cambio de paradigma que abandone la figura de la “emergencia” e integre un marco normativo de carácter permanente dentro del Presupuesto 2027.
Entre las modificaciones propuestas, el oficialismo acepta mantener la actualización periódica del nomenclador (con ajustes automáticos por inflación, aunque con intervalos más espaciados) y dar marcha atrás con la incompatibilidad absoluta entre la pensión no contributiva y el empleo formal. No obstante, el Gobierno insiste en algunos criterios más restrictivos para el otorgamiento de pensiones, estableciendo que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no otorgue acceso automático y evalúe la afectación laboral y la situación socioeconómica del que lo solicite.
Paralelamente, legisladores de bloques dialoguistas como Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) exigen saldar los atrasos acumulados con los prestadores de servicios durante 2024, solicitando mecanismos claros de reconocimiento y pago en los últimos meses de 2026 y en el presupuesto del próximo año.
En la agenda de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, la oposición avanzó de manera paralela con su propio dictamen. Bloques como Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica acordaron impulsar la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa lleva las firmas de legisladores como Juan Marino, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Nicolás del Caño, Pablo Juliano y Martín Lousteau, entre otros. La definición del debate parlamentario dependerá ahora de la postura que adopten bancadas provinciales como Argentina Federal, cuyas conversaciones con Balcarce 50 continúan abiertas antes de la votación en el recinto. En tanto, el Gabinete nacional buscará sellar una postura unificada este lunes.
Alan Quintero, 2°A TN