La Provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor recaudación fiscal del país, dio un paso clave para equiparar el control tributario entre medios de pago digitales y tradicionales. A partir del 1° de octubre de 2025, las billeteras virtuales deberán retener Ingresos Brutos sobre los montos acreditados en sus cuentas, alineándose con el Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA). La medida, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, busca evitar evasiones y garantizar equidad, pero ya genera controversia entre usuarios y expertos.
Según la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), los Proveedores de Servicios de Pago (PSPCP) –como Mercado Pago, Ualá, Personal Pay y Naranja X– actuarán como agentes de retención. Estas plataformas, inscriptas en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central, aplicarán las deducciones automáticamente sobre acreditaciones en pesos, moneda extranjera (salvo dólares) o equivalentes. No se trata de un nuevo impuesto, sino de una armonización con el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), ya vigente en cuentas corrientes.
Las alícuotas oscilarán entre el 0,01% y el 5%, según la actividad económica del contribuyente y su padrón en el Convenio Multilateral. Por ejemplo, un monotributista de servicios podría enfrentar un 3%, mientras que un comercio minorista, hasta un 5%. La implementación diferida: para proveedores ya adheridos en otras 19 provincias, arranca el 1° de octubre; para el resto, el 1° de noviembre.
Esto afectará principalmente a pymes, freelancers y vendedores informales que reciben pagos vía QR o transferencias, incorporándolos al radar fiscal bonaerense. Sin embargo, no todas las operaciones quedarán expuestas. La norma excluye un amplio espectro de ingresos para no golpear a los sectores vulnerables. Entre ellos: sueldos, jubilaciones y pensiones; planes sociales como la Asignación Universal por Hijo, AUH, o la Tarjeta Alimentar; subsidios y becas de ANSES; exportaciones de mercaderías; intereses de plazos fijos; reintegros de IVA por tarjetas; transferencias entre cuentas del mismo titular; y pagos judiciales por alimentos o indemnizaciones laborales. También se eximen aportes de capital, ventas de inmuebles no habituales y restituciones por «botón de arrepentimiento» en e-commerce.
«El objetivo es ordenar el sistema sin afectar ingresos esenciales», explicó un portavoz de ARBA, enfatizando que las exenciones cubren el 70% de las acreditaciones habituales. Pese a las salvaguardas, la medida despierta críticas. Asociaciones de comercio alertan que las retenciones podrían trasladarse a precios finales, exacerbando la inflación en un territorio que representa el 40% del PBI nacional. «Es una invitación a volver al efectivo, al ‘negro’, justo cuando las billeteras digitales impulsan la inclusión financiera», advierte un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).
Desde el Ejecutivo provincial defienden la iniciativa como un paso hacia la modernización fiscal. «En un mundo digital, no podemos dejar grietas para la evasión», argumentó el ministro de Hacienda, Cristian Girard, en un acto reciente. Mientras tanto, el Banco Central monitorea el ecosistema fintech para evitar disrupciones. La vigencia de estas retenciones marca un hito en la fiscalización 2.0, pero plantea interrogantes sobre el equilibrio entre recaudación y accesibilidad. ¿Impulsará la formalización o frenará la digitalización? El tiempo, y los bolsillos de los bonaerenses, lo dirán. Para más detalles, ARBA habilitó un portal de consultas en su sitio web.