En los últimos días se confirmó una noticia muy importante para la política argentina: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir arresto domiciliario después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto se dio por la causa conocida como “Vialidad”, que investigó el supuesto manejo irregular de la obra pública en Santa Cruz durante sus dos mandatos como presidenta, entre 2007 y 2015.
Según la investigación judicial, durante ese período se habrían otorgado obras a empresas relacionadas con Lázaro Báez, un empresario muy cercano a la familia Kirchner, con sobreprecios, obras que nunca se terminaron y licitaciones que parecían estar armadas para beneficiar a ese grupo. Por eso, en 2022 un tribunal ya la había condenado, pero ella apeló. Ahora, con el fallo definitivo de la Corte, la condena quedó firme.
A pesar de que la sentencia indica prisión efectiva, la Justicia decidió que Cristina cumpla la pena en su casa, en su departamento de Constitución, por motivos de edad (tiene 72 años), salud y seguridad. Tendrá vigilancia permanente, una tobillera electrónica y sólo podrá salir por cuestiones médicas o si el tribunal lo autoriza. No podrá dar actos públicos ni hacer vida política activa, aunque sí puede seguir opinando o publicando en redes sociales.
Como era de esperarse, esta situación generó mucha polémica. Sus seguidores y gran parte del peronismo aseguran que Cristina es víctima de una persecución judicial y política, lo que ellos llaman “lawfare”, es decir, el uso de la Justicia como herramienta para sacar de juego a dirigentes opositores. Incluso, miles de militantes se concentraron frente a su casa para demostrarle apoyo, con cánticos y banderas que pedían su libertad.
Por el contrario, desde sectores opositores y medios más críticos con el kirchnerismo, se consideró la decisión como un hecho histórico y una señal de que la Justicia puede avanzar incluso contra figuras poderosas. Para muchos, esta es una oportunidad para que el país empiece a juzgar seriamente los casos de corrupción en la política.
La figura de Cristina sigue siendo muy influyente dentro del peronismo, especialmente en el sector más cercano al kirchnerismo. Aunque legalmente ya no podrá ser candidata, su condena reabre debates internos: algunos sectores insisten en defenderla como líder, mientras que otros creen que es momento de renovar la dirigencia del espacio.
Además, este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la Justicia en Argentina, ya que muchas personas desconfían del sistema judicial, ya sea por su lentitud, su falta de independencia o por su relación con el poder político y económico.
El arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner no es sólo una noticia judicial, sino también un hecho político y social muy fuerte. Marca un antes y un después, tanto en su carrera como en la historia democrática del país. A partir de ahora, habrá que ver cómo sigue su relación con la política, cómo reacciona el peronismo y qué impacto tiene esto en la confianza de la gente en la Justicia.
Más allá de las opiniones a favor o en contra, lo que está claro es que se trata de un tema muy importante para entender la actualidad argentina.