Una realidad que preocupa, un proyecto en el Congreso y una importante movilización en las calles. Ese es el panorama en los próximos días tras la propuesta en la Cámara de Diputados de declarar la emergencia nacional en discapacidad, que estará acompañada por una marcha al palacio legislativo el próximo 4 de junio.
La propuesta del diputado Daniel Arroyo surge como respuesta al profundo ajuste fiscal que atraviesa el país y que ha impactado de manera crítica en las personas con discapacidad.
Actualmente, este colectivo enfrenta recortes en pensiones, demoras en los pagos a prestadores de salud y falta de actualización de aranceles. En este contexto, habrá un paro nacional de profesionales del sector que acompañarán la manifestación, denunciando la desestructuración de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El proyecto propone lo siguiente: reactivar las pensiones por invalidez, detenidas en los últimos meses. De las cuáles 500.000 solicitudes, solo 586 fueron aprobadas en más de un año. También sé toma en consideración el aumento de fondos destinados a acompañantes terapéuticos, prestadores de servicios y transportistas. La propuesta cuenta con dictamen de mayoría en la comisión de discapacidad, emitido en abril, y apoyo de diversos bloques: Encuentro Federal, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, un sector de la UCR y Democracia para Siempre.
Por el contrario, el oficialismo nacional se opone, argumentando que esta medida comprometería los objetivos de déficit cero. Desde la ANDIS, el proyecto fue calificado como una política “asistencialista y regresiva”.
Desde el año pasado, tras conocerse parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), organizaciones, instituciones, familias y profesionales han comenzado a alzar su voz en distintos puntos del país.
Hubo concentraciones, entre otras ciudades, en la Plaza 9 de Julio de Posadas, en el Centro Cívico de Bariloche, frente a la Legislatura de Mendoza, en la plaza principal de Chivilcoy. En Córdoba, se realizaron actos en distintas localidades: Cosquín (Plaza San Martín), Villa María (Plaza Centenario) y Río Cuarto (Plaza Roca). También en San Miguel de Tucumán, donde los manifestantes se reunieron en la Plaza Independencia. Estos fueron solo algunos de los tantos lugares donde se escuchó con fuerza el reclamo.
El Congreso Nacional, sin embargo, se convirtió en el principal punto de encuentro y epicentro de las manifestaciones. Miles de personas se han concentrado allí para exigir una respuesta concreta por parte del Estado. En la última semana, la avenida Rivadavia y la calle Entre Ríos se llenaron de pancartas con consignas como: “Inclusión sin recortes”, “Nadie se salva solo” y “Necesitamos más humanidad”. Frases que, sin duda, volverán a resonar este 4 de junio, en una jornada que podría marcar un récord de asistencia y convertirse en un hito dentro de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad.
El tema tomó mayor visibilidad tras las polémicas declaraciones de Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, quien tiempo atrás firmó documentos oficiales en los que se usaron términos como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales”, vocabulario considerado ofensivo y descartado por la comunidad médica y los tratados internacionales de derechos humanos hace mas de 70 años.
Durante una reunión con la madre de Ian Moche, joven activista con autismo conocido por su trabajo de concientización en medios y redes sociales, Spagnuolo lanzó frases como: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado” y ”¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.
Estas expresiones generaron un mar de críticas en redes sociales y entre las entidades que trabajan por la inclusión, al considerar que reflejan una alarmante falta de sensibilidad institucional. Además, denuncian que bajo su gestión se profundizaron los recortes presupuestarios, aumentaron las auditorías con fines punitivos y se entorpecieron los mecanismos de reintegro, afectando el acceso a tratamientos esenciales.
El miércoles será un día más de resiliencia y aguante para miles de familias, docentes, profesionales y activistas que buscan lo mejor para sus seres queridos, para que no se les arrebaten sus políticas públicas. El pedido es claro: “Sin derechos no hay inclusión”.
Sebastián Reyna – 2°B Turno Mañana