Lucas González junto a otros tres jóvenes volvían de un entrenamiento de la sexta división del club de fútbol de Barracas Central cuando fue baleado de dos tiros en la cabeza por un efectivo de la Policía de la Ciudad el pasado miércoles 20 de noviembre y, horas después, el joven de 17 años murió luego de permanecer internado en gravísimo estado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
La semana anterior al caso de Lucas, la autopsia realizada al cuerpo de Roberto Sabo – el kiosquero asesinado en Ramos Mejía- confirmó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco traumático ocasionado por los cuatros disparos y seis impactos de bala que recibió. Este crimen generó un fuerte repudió por parte de la oposición a nivel nacional y sirvió como bandera para exponer su posición al respecto de la inseguridad en el conurbano.
Las opiniones acerca de este asesinato no se hicieron esperar. José Luis Espert expresó “Transformemos en queso gruyere a algunos delincuentes…”, Horacio Rodríguez Larreta, reclamó “un régimen penal juvenil especial” y ratificó: “En Ramos Mejía los vecinos tienen la sensación de que es tierra de nadie”.
Javier Milei le dijo “inmoral” e “hijo de puta” al Ministro de Seguridad de Argentina Aníbal Fernández y, a su vez, Diego Kravetz responsable de la seguridad en el municipio de Lanús y hombre fuerte de la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires manifestó: “Es imposible que funcione la seguridad con el sesgo ideológico de Kicillof”.
Por supuesto, no faltó la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien afirmó: “los delincuentes están otra vez empoderados y creen que la calle es de ellos”.
Pero, ¿qué tipo de repudió se obtuvo por parte de la oposición cuando el homicidio fue causado por efectivos de la Policía de la Ciudad, la fuerza de seguridad del Gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta? Una pregunta para reflexionar cómo fue el accionar de los diferentes partidos políticos acerca de dos tragedias evitables y que hoy llenan de dolor a todo un país.
El Frente de Todos por medio de la legisladora porteña Claudia Neira reclamó este lunes 22 de noviembre al Gobierno porteño que habilite la interpelación del ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y explique el accionar de policías de civil. “La ley dice que la policía siempre tiene que estar con uniforme. La ley solo permite que los policías de la Ciudad no usen uniforme con orden de un juez o expresa de su autoridad”, declaró la legisladora en una charla con El Destape Radio.
El crimen de Lucas es otro caso lamentable de gatillo fácil que se añadió a las 7,587 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado en todo el país desde el fin de la dictadura hasta 2020, según el informe anual de la situación represiva de La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Asimismo, el pedido de justicia para Lucas se suma a tantos otros en el pasado como lo fueron: Walter Bulacio (1991), Miguel Bru (1993), los manifestantes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (2002), la desaparición de Jorge Julio López en 2006, Luciano Arruga asesinado en 2009, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel bajo el macrismo en 2015 y tristemente muchos más casos.
Por último, las fuerzas políticas opositoras proponen más mano dura, bajar el régimen penal juvenil, más policía en las calles y/o acusaciones públicas de negligencia de la gestión hasta que ocurre un crimen de estas dimensiones en su jurisdicción. Basta del uso político cuando ocurre un asesinato y a trabajar juntos para evitar más muertes ya que es evidente que diferentes gobiernos pasaron y el gatillo fácil no ha cesado hace décadas en todo el país.
Luis Eduardo Muñoz