Desalojos y pujas: la grieta entre inquilinos y propietarios

Con la llegada de la pandemia, los inquilinos tienen problemas para pagar el alquiler y por causa de ello, en algunos casos, son desalojados.

La ley de alquileres aprobada el jueves, prevé beneficios para nueve millones de inquilinos de todo el país.

La pandemia del coronavirus hizo estragos en la economía. Como consecuencia del descalabro económico, los inquilinos tienen problemas para pagar el alquiler, lo que desveló una crisis totalmente distinta: la habitacional.

Si bien el mercado de alquileres viene golpeado de décadas anteriores, la pandemia profundizó este golpe. De un lado, se encuentran los inquilinos, que con el aislamiento no pueden generar ingresos y así pagar el alquiler. Por el otro, los propietarios corren el riesgo de no cobrar por su propiedad debido al decreto Nº 320/2020, que congela aumentos y prohíbe los desalojos.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados (IA), denuncia que el decreto lanzado por el Presidente no se cumple, ya que un 44% de los inquilinos pagó en efectivo cuando debió hacerlo por CBU, lo que desnudó otro problema: los alquileres informales. A su vez, afirma que propietarios e inmobiliarias obligan a desalojar a los inquilinos ante la falta de pago. Un ejemplo sucedió en Balvanera, cuando tres trabajadoras sexuales trans fueron desalojadas por no poder pagar el alquiler de la habitación donde conviven. Los casos de inquilinos que se encuentran en la misma situación abundan y no saben qué hacer para no quedarse en la calle.

Solo en la Ciudad, se calcula que hay 35 mil familias (unas 100 mil personas) que alquilan habitaciones de hotel o pensiones y están ligadas al trabajo informal. De un relevamiento hecho por la IA, el 68% de los inquilinos percibe menos ingresos o directamente dejó de tenerlos y un 67% respondió que se encuentra endeudado o recibiendo ayuda de un familiar.

Según un relevamiento de Inquilinos Agrupados (IA), cerca del 50% de los inquilinos tiene problemas para pagar el mes de junio.

Los propietarios por su parte, señalan que, a partir de la pandemia, dependen de que el inquilino quiera y pueda pagarles. José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, apunta en una entrevista a que «en algunos casos, seguramente habría inquilinos que no podrán pagar; en otros, puede pasar que aun pudiendo pagar no lo hagan». Esto desalentó la oferta presente y futura, ya que el mercado de rentabilidad viene golpeado desde antes.

El jueves, en el Senado, se aprobó la ley de alquileres, que contempla extender los contratos de dos a tres años y una flexibilización en las garantías.

El senado aprobó el jueves la ley de alquileres en una sesión virtual.

En la ley, los contratos se deben extender por dos o tres años mínimo, para ofrecer una mayor estabilidad en los contratos de alquiler. Esto se debe a que, según la IA, los inquilinos se mudan cada 2 o 4 años, lo que perjudica su integración al barrio y sus relaciones sociales. La nueva reglamentación también reduce los gastos de renovación de contratos, ya que cada dos años los inquilinos deben contar con ahorros suficientes para realizar los depósitos, seguros de caución y comisiones. Con esta ley se reduce la frecuencia con la que los inquilinos afrontan estos gastos.

Por otro lado, se formalizarían los alquileres, ya que los contratos de alquiler en negro en todo el país superan el 90%, a diferencia de una ínfima parte que el inquilino paga a través de un depósito bancario y recibe una factura legal. A su vez, el locador tiene la obligación de declarar su contrato en el Registro de la Propiedad Inmueble en el plazo de 30 días una vez establecida la firma.

Lo que se busca con esta ley es blanquear un mercado de alquileres con una altísima tasa de informalidad para proteger a los inquilinos en este tiempo de incertidumbre por la pandemia.