Sospechas de malversación en Argentina durante la pandemia

Los casos más relevantes

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández

La emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud por la rápida transmisión de coronavirus llevó al gobierno nacional a decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio, una medida que afecta a la ciudadanía en general y a la economía en particular. En este marco han salido a la luz denuncias por supuesta malversación de fondos públicos. Este es un repaso de los casos denunciados más relevantes.

El caso más reciente se dio en la órbita del gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, cuando por medio de la Resolución N° 115/SSASS/20 de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud se aprobaba la compra de 15 mil barbijos mascarilla de alta eficiencia tipo 3M por la suma de 45 millones de pesos, es decir, a 3 mil pesos cada uno.

Referentes de la oposición al gobierno porteño denunciaron que los barbijos figuran en el mercado con un precio menor, pero fue la dirigente de izquierda Celeste Fierro (MST-FIT Unidad) quien realizó la presentación judicial el 14 de abril en el Ministerio Público Fiscal, y asignada la investigación a la Unidad Fiscal Este, a cargo del Dr. Gabriel Unrein como Fiscal de Cámara.

Por su parte, desde el ejecutivo porteño emitieron un comunicado a fin de brindar las explicaciones correspondientes. En el mismo manifestaron: “dada la urgencia de disponer de estos insumos para cuidar al personal de salud en la emergencia sanitaria, se aprobó un presupuesto de hasta 15.000 barbijos 3M N95 FFP3 a la única oferta presentada al GCBA. El 5 de abril se autorizó una compra de 1.600 barbijos por 3 mil pesos cada uno. Fue al valor mínimo que estaba disponible en el mercado al momento de la compra y los médicos no pueden esperar”.

Esta no es la primera irregularidad atribuida a la gestión de Horacio Rodriguez Larreta, porque contaba con un antecedente cercano, también en la misma Subsecretaria del ejecutivo porteño por compra de barbijos simples, es decir, de un solo uso. Mediante la Resoluciones N° 87/SSASS/20 del 30 de marzo y N° 114/SSASS/20 del 3 de abril, se autorizó el gasto de 417 millones de pesos para dicha compra.

Diversas organizaciones elaboraron un informe que fue firmado, entre otros, por el Presidente del Banco Nación Claudio Lozano, en el cual se destaca que “E-Zay y Amicibro le vendieron al GCBA 6 millones de barbijos a 68 pesos y 77 pesos la unidad. La misma semana la empresa Dimex (razón social Cinmor S.R.L.), fabricante de insumos médicos, le vendió los mismos barbijos a 35 pesos”

El caso más notorio se dio en al ámbito del gobierno nacional cuando, desde el ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo, se definió la adquisición de diversos productos para módulos alimenticios, a través de contrataciones directas. Por ejemplo, en la Resolución N° 156/20 se adquieren 1.020.000 unidades de aceite mezcla comestible índigo/ideal en presentaciones de 1,5 litros, por una suma de 167.237.000 pesos a las empresas Sol Granjera SRL, Copacabana SA y Teylem SA a un precio unitario promedio de 160,68 pesos; cuando en la plataforma oficial del gobierno nacional para la tutela de los precios (Precios Máximos) se encuentra a 98 pesos.

En relación a esto, el ministro de desarrollo social declaró “azúcar y aceite [aceite por 1,5 litro; y azúcar por 1 kg] sí estuvieron por encima de los precios fijados. Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí. No hubo rebaja, pero decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia”.

Por último, el Presidente de la Nación Alberto Fernández respaldó al ministro Arroyo, ordenó el freno y revisión de las licitaciones, y echo a 15 funcionarios involucrados en el hecho.  De igual modo, en una entrevista televisiva con TN, expresó “Si alguno quiso hacer lo que no debería hacer que se haga cargo. Si el Estado paga más que los precios dicen, con qué autoridad moral le voy a pedir al comerciante que respete los precios”. Además, Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, abrió una investigación para  determinar si es necesario realizar la denuncia penal.