La masacre de San Miguel del Monte y el «gatillo fácil» en la Argentina

La muerte de tres menores y un joven a manos de una persecución policial se suma a otros casos de gatillo fácil en la Argentina desde el retorno de la democracia. Las estadísticas de homicidios en cada presidencia.

En la madrugada del lunes 20 de mayo pasado, un auto Fiat 147 Spazio choco con un acoplado sobre la ruta nacional 3. La colisión se produjo porque el auto era perseguido a los disparos por efectivos de la policía de San Miguel del Monte. El auto choco y se partió al medio. En él viajaban cuatro menores y un joven: Gonzalo Domínguez de 14 años, Camila López, Danilo Sansone y Rocío Guagliarello, de 13 años, y Carlos Suárez, de 22, quien manejaba el vehículo. Gonzalo, Camila, Danilo y Carlos fallecieron el acto, mientras que Rocío sobrevivió, pero se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital El Cruce Néstor Kirchner de Florencio Varela.

Según el jefe de fiscales de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand «sin los disparos no se hubiera producido la colisión». Esos disparos fueron producidos por pistolas de la policía local. Por estos hechos se encuentran detenidos hasta el momento ocho efectivos: Leonardo Ecilape, Rubén García, José Domínguez, Mariano Ibáñez, Cristian Righero, Juan Gutiérrez, Manuel Monrreal, Melina Blanco, Oscár Ángel, José Duran y Julio Micucci, todos ellos imputados por homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales, por el empleo de armas de fuego y por encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público.

La masacre de San Miguel del Monte es otro caso más de «gatillo fácil» en la Argentina. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) desde la vuelta de la democracia no hubo un año en que no haya muertos por  violencia policial e institucional. Y para esta organización no se trata de una persona quien lo realiza, sino de una institución. En uno de sus archivos, redacta lo siguiente: «No son errores, no son abusos, no son excesos. Es la política represiva del Estado Argentino, que no cesó después de la dictadura, sino que cambió de forma, de sujetos y de discurso legitimador para adaptarse a nuevas etapas», diciembre de 2005″.

La coordinadora denunció que desde el año 1983 a diciembre de 2018 fueron mas de 6.000 personas las que murieron por violencia institucional, de las cuales un 47% fue asesinada en cárceles, comisarias o bajo custodia policial y el 38% por gatillo fácil.

Las muertes de personas menores de 25 años son de 42,1%; de mayores de 25, un 23,5%; y mayores de 36 años, un 6,2%. A estos datos se le suma que no hay un registro oficial sobre la cantidad de efectivos acusados por esos delitos, ni mucho menos un porcentaje de cuántos finalmente son llevados a juicio. Para María del Carmen Verdú, titular de CORREPI, las estadísticas son aún más preocupantes: «Haciendo un cálculo benévolo, estimamos que sólo el 10% de los casos llega a juicio, y no todos son condenados, o los condenan  con penas leves, manipulando las figuras penales. Como cuando dicen ‘apremios’ en lugar de ‘tortura’, o cuando un tiro por la espalda resulta’ un homicidio en exceso de la legítima defensa’”.

Del total de personas asesinadas por el gatillo fácil desde 1983, el 2% se produjo durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989); un 11% en las presidencias de Carlos Menem (1989-1999); un 7% en el mandato de Fernando De La Rúa (1999-2001); un 4% en los años de presidencia de Eduardo Duhalde (2001-2003); un 15% durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007); un 41% en las dos presidencias de Cristina Kirchner(2007-20015). En el gobierno de Mauricio Macri se contó de diciembre de 2015 a febrero de 2019 y arrojó un 20% de las víctimas. En otras palabras, esta cifra -siempre tomando los datos de CORREPI- mató en los últimos 4 años a una personas cada 21 horas.