El gobierno espera una inversión de 180.000 millones en obras para el 2019

Con la ayuda del sector privado el gobierno proyecta una inversión privada millonaria para el año entrante en obras publicas, que disminuiría el gasto estatal

El gobierno anunció que en 2019 se invertirán aproximadamente 180.000 millones de dólares en obras de infraestructura para el transporte, todo esto bajo los contratos de participación púbico-privada (PPP).

Se estima que son 80 los proyectos, que hasta podrían ser realizados después del año entrante. Estas obras serán destinadas a perfeccionar los accesos oeste y norte de Buenos Aires, también entre los más destacados se encuentra las mejoras en los ferrocarriles Belgrano Norte y Urquiza. En simultáneo con estas obras se planea invertir parte de este presupuesto en las rutas nacionales 3, 7, 8, 9, 12, 14, 34, 40 entre las más importantes.

Sin embargo no solo especula con mejorar la infraestructura de transporte público como las rutas, los ferrocarriles y metro buses a lo largo de todo el país, sino que también proyectan obras en aeropuertos como por ejemplo en Salta: nueva pista y nueva terminal; en Iguazú: mejoras en el exterior; en Ezeiza: mejoras en el exterior y nueva terminal de cargas; en Comodoro Rivadavia: nueva terminal de pasajeros y en El Palomar: nuevo sector internacional.

¿Cómo funcionan los contratos de Participación Público-Privada? La ley de Participación Público Privada fue sancionada en noviembre de 2016, se reglamentó en febrero de 2017 y en junio se creó la Unidad que trabajó desde entonces con los ministerios de Energía y Minería, de Transporte, Interior y Obras Públicas para llevar adelante los primeros proyectos con el sistema. Son aquellos contratos entre empresas privadas y el estado, cuyo fin es reducirle gastos al estado y que estas empresas se hagan cargo, como por ejemplo, de obras de infraestructura.

¿Qué beneficios y que desventajas tienen? Uno de los claros beneficios es la reducción de gasto por parte del estado, sin embargo una de las desventajas son las posibles fallas en la confección de los contratos que deriven en sobrecostos a los usuarios, errores en la elección de los proyectos y en la distribución de riesgos, los elevados costos financieros, de los que a la larga le saldrán más caros al estado y por ende a la población.

Este sistema (PPP) es utilizado por muchos países, tanto en Europa como en Sudamérica. Un reciente informe del Comité de Auditores de la Unión Europea sostiene que los PPP permitieron a las autoridades públicas adquirir infraestructura de gran escala, pero aumentaron el riesgo de una competencia insuficiente y, por lo tanto, pusieron a las autoridades contratantes en una posición de negociación más débil. Algo similar afirma un informe de la Oficina Nacional Auditora del Reino Unido. Teniendo en cuenta que en Reino Unido este sistema se utiliza desde hace más de 25 años y en la actualidad hay más de 700 proyectos en este tipo de operaciones, no obstante, el estudio afirma que el uso por parte del Gobierno de este tipo de modelos “ha disminuido significativamente” por “preocupaciones sobre la eficiencia de costos y una buena relación calidad-precio”.

En Latinoamérica, un estudio publicado en mayo de 2017 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la revista especializada The Economist identificó los entornos más favorables para Participaciones público-privadas en América Latina y el Caribe: Chile y Colombia se encuentran en el primer lugar. Esto sucede porque estos países tienen más de 25 años de experiencia. Por su parte Argentina se encuentra 17° de los 19 países estudiados, con 48 puntos sobre 100 y sólo delante de Ecuador y Venezuela.

Ivan Perchik