«La mitad de la población almuerza o cena con gaseosas, el 66% de los argentinos de entre tres y quince años las consume al menos una vez al día y, lamentablemente, nuestro país no tiene una política regulatoria para reducir su consumo «, dijo el médico Raúl Mejía, investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), durante unas jornadas en las que se debatió sobre la necesidad de promover políticas de regulación que ayuden a prevenir el creciente sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, organizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.
El especialista mencionó la importancia de las políticas de etiquetado frontal en los productos comestibles -que le permitan al consumidor elegir y conocer si tienen altos contenidos de azúcar, grasas y sal-, las medidas de protección en entornos escolares -para evitar la venta de comida chatarra o ultraprocesada en los establecimientos educativos e instalar bebederos para que los niños tengan fácil acceso al consumo de agua- y las regulaciones para controlar la publicidad de alimentos, sobre todo la dirigida a niños.
La necesidad de medidas impositivas que busquen controlar la producción y el consumo de bebidas endulzadas también tuvo un rol central en el debate. Es que las cifras que se difundieron en el Congreso son alarmantes: la Argentina se convirtió en el mayor consumidor de bebidas azucaradas por habitante en el mundo. Se estima que se consumen 133 litros anuales en promedio por habitante y que las ventas de este tipo de bebidas se incrementaron un 238% en las dos últimas décadas, dando paso a un mercado oligopólico dominado por unas pocas empresas multinacionales.
Tiago Ciale y Joaquin Vázquez